El pleno de la Asamblea Nacional discute en segundo debate el proyecto de ley 230, que modifica la Ley 9 de 1994, la cual establece y regula la Ley de Carrera Administrativa, que busca modernizar el sistema de recursos humanos del Estado.
La iniciativa propone la creación de un Tribunal Administrativo de la Función Pública, que tendrá la competencia para conocer de las apelaciones contra las acciones de recursos humanos dirigidas contra servidores públicos permanentes, pertenezcan o no a una de las carreras públicas reconocidas en la Constitución o la ley.
Este tribunal estará conformado por 3 magistrados nombrados por un periodo de 10 años y con la misma remuneración, prerrogativas e incompatibilidades de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia.
El proyecto fija un mecanismo para que los servidores públicos puedan acudir a esta instancia en caso de una acción de personal en su contra.
En tal sentido, los funcionarios cuentan con el plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de toda acción de recursos humanos o de la resolución que resuelva su reconsideración, para hacer uso del recurso de apelación ante el Tribunal, el cual debe resolver los casos de destitución sometidos a su consideración en el plazo máximo de tres meses, a partir de la fecha de su admisión.
Las apelaciones interpuestas contra las destituciones serán resueltas por el pleno del Tribunal. Las apelaciones contra acciones de recursos humanos que no sean destituciones serán resueltas por un magistrado de forma individual, mediante reparto.
En tanto, las resoluciones dictadas por el Tribunal agotan la vía gubernativa, el afectado podrá recurrir mediante las acciones correspondientes a la sala de lo Contencioso Administrativo y Laboral en la forma prevista por la ley.
Parte del debate se concentró en torno a quién le correspondía nombrar a estos tres magistrados.
El proyecto que llegó al pleno establece que a cada uno de los tres órganos del Estado le correspondería nombrar a un magistrado por un periodo de 10 años.
Sin embargo, Gabriel Soto, del Partido Panameñista, sugirió que los tres magistrados fueran nombrados por el Ejecutivo y ratificados por la Asamblea.
No obstante, la diputada independiente Ana Matilde Gómez propuso que los magistrados fueran nombrados en forma escalonada por un periodo de 7, 5 y 3 años y que los seleccionados provinieran de una terna que presenten los gremios y sectores de trabajadores y servidores públicos, y de una terna de miembros de la academia y universidades expertos en temas laborales.
“Con un mecanismo donde los tres magistrados son nombrados por el Órgano Ejecutivo, no se garantizaría la independencia que este tribunal requiere. Eso no lo vamos a aceptar”, indicó.
Sostuvo que en conversaciones con los gremios de servidores públicos lo que piden es la despolitización de este Tribunal. “No le podemos dar esos nombramientos al Ejecutivo, porque nuevamente queda politizado este ente”, enfatizó la diputada Gómez.
Tomado de La Prensa 5 de octubre de 2016
