En términos generales los sindicatos han sido transparentes, celebran sus Elecciones, sus asambleas, presentan sus estados financieros cada seis meses o anuales, en fin como señale el Estatuto en cada Sindicato.
Lo que no podemos afirmar es que los informes financieros se publiquen en los diarios de la localidad, pero hemos avanzado en tecnología, pues ya hay sindicatos que presentan sus informes en sus páginas Web, ya no solo para sus miembros sino para el mundo.
En el caso de los aportes que hacen los trabajadores en el Seguro Educativo y que una parte es distribuida a las Centrales Obreras panameñas por parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, las mismas remiten un informe trimestral de los gastos realizados en el renglón de educación sindical, con sus facturas y demás exigencias contables, así como la programación educativa del trimestre.
Como este Gobierno es como es ahora presentan un proyecto de Ley-293- para obligar a los sindicatos, fundaciones, Organizaciones No gubernamentales, a divulgar el uso de los fondos que reciben del gobierno.
La información respectiva debe ser colocada en sus páginas web y en el Nodo de transparencia de la Defensoría del Pueblo.
No le tememos a esta situación ya que en gran medida lo venimos haciendo y hemos sido promotores de la transparencia en las organizaciones sindicales y continuaremos en esos esfuerzos, porque ello nos fortalece.
Lo que no podemos estar de acuerdo es con la política de ASALTOS, no se consulta a nadie, ni siquiera a los interesados para que den su opinión o hagan o pidan aclaraciones sobre las proyecciones de dicho proyecto, es sencillamente aplicar la maquinaria política, llámese la mayoría parlamentaria para imponer sus leyes.
Los trabajadores debemos tener claro que una cosa es la cuota sindical, ese informe solo le compete a los afiliados y aún así se brindan los informes como afirmamos al inicio, por lo que debe quedar claro que el proyecto habla del aporte gubernamental o cuando sirve de intermediario, como es el caso del seguro Educativo, que a fin de cuentas son los trabajadores quienes lo pagan.
Cuando será que se le exige a la Empresa Privada un informe público sobre sus ganancias, cuanto se ganan cuando importan medicinas, alimentos, si pagan o no pagan coimas, a esos especuladores son los que tienen que investigar pues son los responsables del hambre del pueblo y serán responsable de la explosión social que están fomentando con sus políticas esclavisantes, empobrecedoras de los trabajadores, ya que están empecinado a hacerse más ricos a costilla de los pobres.
Cuando uno ve estos proyectos inconsultos, en el momento en que se presentan no queda otra vía que pensar que llevan la malsana intención de perseguir a los trabajadores organizados, solo hay que ver los expedientes de dirigentes y trabajadores que participaron contra la Ley Chorizo en Changuinola, los expedientes contra los Secretario Generales de las Centrales Obreras, la amenazada de hacer cumplir la ley carcelazo, que trata sobre los tranques de calles, la imposición de reformas electorales antojadizas e inconsultas, todo ello lleva a pensar en un maquiavélico plan contra el pueblo, principalmente el organizado, que es la voz y la acción en las calles.
por: Erick A. Graell L
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