En un comunicado, la mayor central sindical subrayó que la actual administración de Laurentino Cortizo y las anteriores siguen las pautas que dicta el Departamento de Estado, la embajada norteamericana y el Comando Sur.
En ese sentido, la CNTP rechazó que de esa manera el Gobierno cede la soberanía alcanzada por la lucha y el sacrificio de varias generaciones de panameños.
El texto apunta que el colectivo seguirá denunciando firmemente a los entreguistas vende patria y estará en la salvaguarda de los intereses nacionales y los recursos naturales, e instó a prepararse en para la lucha en las calles y en el debate de las ideas.
De otra parte, alertó sobre la tendencia del Ejecutivo de promover proyectos que ceden a las empresas transnacionales derechos laborales, ambientales y económicos, disfrazados con migajas sociales, en alusión a un reciente contrato suscrito con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum.
Sobre ese pacto, abogados como Harley Mitchell consideran que fue negociado sin un acto administrativo por funcionarios que se extralimitaron en sus funciones al facilitar cambios al código minero, pero sin facultad para ello.
Mitchell precisó que el contrato, además de la extracción de oro, plata, cobre y molibdeno, permite la remoción de arena, producción y venta de energía, uso de tierras, construcción y usufructo de puertos.
También autoriza servicios marítimos auxiliares e incluso la posibilidad de aeropuertos, todo por 375 millones de dólares anuales para el Estado a un plazo de 40 años.
“Este contrato hace que Panamá voluntariamente ceda la soberanía y la capacidad para gobernar”, remarcó.
El pasado 15 de junio el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que el Consejo de Ministros aprobó el contrato y lo remitió a la Contraloría General para ser refrendado antes de entregarlo a la Asamblea Nacional (Parlamento), que podría o no aprobarlo.
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