Tomado de La Estrella de Panamá. 8/9/2018
El conjunto de las prestaciones que ofrece la CSS, no han sido las mismas desde que esta se originó en 1941. La cobertura, tampoco. Esto puede sonar una perogrullada, pero al mirarlo con lentes científicos, sale a relucir lo que los narradores del pasado suelen ignorar, cuando no ocultar: que la evolución de esta entidad ha obedecido más al resultado de una lucha entre grupos sociales—beneficiados/afectados—que a manejos administrativos y financieros de la institución.
Por ejemplo, la historia ‘oficial' le adjudica la fundación de la misma a Arnulfo Arias, solo por estampar su firma en la Ley 23 de 24 de marzo de 1941 que la creó. Se oculta así que fueron los del Partido liberal Unido, con la orientación técnico-política de Manuel María Valdés (primer ‘gerente' de la institución) y el movimiento sindical de la época, los que presionaron al presidente Arias desde antes de su campaña presidencial, para que
conviniera su aprobación formal (Ver Pinnock, R., (1995). Estilos de desarrollo y evolución de la CSS 1941-1989, publicado por IPEL).
En su origen, empero, la CSS fue castrada en lo más importante para su desarrollo institucional e impacto nacional, a saber, la población a ser cubierta y en la capacidad para autofinanciarse a largo plazo. Con esto, la institución nace sometida por la visión conservadora, terriblemente INDIVIDUALISTA, de las élites políticas y económicas de entonces.
De acuerdo a esa ley fundacional, la población a cubrir obligatoriamente vinieron a constituirla: los ‘empleados públicos', los ‘empleados del sector privado de Panamá y Colón' y ‘los trabajadores independientes con ingresos no mayores de 3000.00 dólares al año' (Ley 23, artículo 2).
Se beneficiaba únicamente a un reducido segmento de miembros de las clases que mayor requerimiento hacían de la seguridad social. Los repetidores de la versión ‘oficial', tecnócratas en su mayoría, siempre han aducido que la institución no contaba con los recursos para atender a una población mayor que esa.
Lo que siempre han ocultado aquí, estos apologistas de la historia ‘oficial', es que se favorecía a las élites empresariales en detrimento de los asalariados: no se tocaba a las empresas con grueso caudal de asalariados como las bananeras, los ingenios azucareros y otros emporios económicos con influencia determinante en la política del Estado de esas fechas; menos aún se incluía a los empleados del enclave canalero. Con estos contingentes, la
entidad hubiese alcanzado economías de escala para hacerle frente a la cobertura incluso familiar de los cotizantes.
Y es que esta visión individualista y mercantilista, también dejaba por fuera de los beneficios obligatorios a las/los cónyuges y demás miembros de la familia de quienes cotizaran (Op. cit., Artículo 3), a menos que hicieran
pagos adicionales por cada uno de ellos, para lo cual se contrataba un ‘seguro de familia' (Op. cit., Artículo 9).
Hoy, los herederos ideológicos y patrimoniales de aquellos, así como segmentos importantes de profesionales y del obrerismo panameño—lamentablemente confundidos ideológicamente—vuelven a plantear como una de las salidas a la crisis actual de la seguridad social—específicamente de las prestaciones de salud—que la CSS solo atienda a los cotizantes y que el resto de la familia (dependientes) pase a ser ‘responsabilidad' del Minsa.
Los herederos patrimoniales de las élites beneficiadas con ese tipo de medidas desde inicios de la CSS, tienen meridiana certeza de que muchos de esos dependientes de trabajadores representarían la elevación de la demanda
por servicios médicos privados y seguros privados, en tanto que el Minsa difícilmente alcanzaría a satisfacer toda la demanda de la población dependiente hoy asegurada.
Los activistas gremiales y sindicales, por su lado, parecen no haberse dado cuenta de que tendrían que hacer doble cotización, en virtud que los servicios en los establecimientos del Minsa hace varias décadas no son gratuitos, esto por un lado. Por otro lado, los cotizantes no verían reducido el monto que actualmente aportan a su seguro social. Entonces, ¿a quién beneficiaría esa medida en estos tiempos? ¿Del lado de quién están los activistas gremiales y sindicales que plantean tales medidas? La otra medida castradora de la CSS en su nacimiento, es la que hace referencia a las fuentes de financiación —en esto, el Dr. Juan Carlos Mas hizo breve alusión el sábado pasado por este medio. Prometo volver sobre este segundo tema.
SOCIÓLOGO Y DOCENTE UNIVERSITARIO.
