Las recientes protestas de los productores agropecuarios y la constante preocupación de la población por el creciente costo de los alimentos, llaman la atención sobre el notable descuido del gobierno en torno al problema alimentario nacional. Esta es una situación que atenta contra los derechos humanos, habida cuenta que la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial de 1996, reconoce “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos”.
Para precisar el contenido de este derecho es útil recordar el significado del concepto de seguridad alimentaria. El cual, de acuerdo a la FAO, se logra “cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable”.
La violación de este derecho humano en Panamá se evidencia de diversas maneras. La más obvia está en el hecho de que cerca de 400,000 personas se encuentran hoy en condiciones de subalimentación. Más aún, si se utiliza el concepto de inadecuación alimentaria, este total se eleva hasta 664,000 personas que representan el 16.0% de la población.
En términos de la estabilidad alimentaria, la población se ve amenazada por la permanente alza de los pecios de los alimentos, producto, en gran medida, de la especulación que realizan, con la complicidad gubernamental, los grandes comerciantes de bienes básicos. Estos ejerciendo su poder de mercado además de dañar al pueblo consumidor, perjudican al productor nacional imponiéndole precios sumamente bajos, así como importando indiscriminadamente productos con el fin de elevar su margen de ganancias.
En estas condiciones la estabilidad se ve, profundamente comprometida por la creciente dependencia alimentaria con respecto al exterior. Las estadísticas disponibles a este respecto muestran que el déficit comercial externo en el caso de los bienes agropecuarios y agroindustriales alcanza a una suma equivalente al 42.0% del producto interno bruto generado en el Canal de Panamá.
La seguridad alimentaria, teniendo en cuenta todo lo anterior, debe pasar a sostenerse en el concepto de la soberanía alimentaria. Este, en primer lugar, se caracteriza por una estrategia agropecuaria nacional autónoma, democráticamente diseñada, que tiene como objetivo básico el derecho humano a la alimentación. Sobre esta base se prioriza la producción de alimentos para la población, lo cual se logra estimulando y protegiendo la producción nacional, por medio de una política activa, que le facilite al productor los elementos indispensables para la producción, asegurando, además, que los intermediarios no utilicen su fuerza de mercado para afectar a los consumidores y productores
La política de soberanía alimentaria, en términos de justicia social, propone una especial asistencia para la producción familiar, así como para los pequeños y medianos productores, por lo que promueve su organización. En relación al logro de una producción sostenible, se promueven las técnicas agroecológicas y la producción cercana a los mercados de consumo.
Para todo esto la alianza entre productores del campo y consumidores resulta un elemento indispensable. Trabajar en esa dirección es parte de nuestra tarea.
