La sanción de la Ley 461 por el Sr Presidente Juan Carlos Varela, que ordena la devolución de las partidas del décimo tercer mes a 180 mil jubilados, correspondientes al periodo de 1972 a 1983, con fondos obtenidos por investigaciones de casos de corrupción, revestiría una inconstitucionalidad.
El abogado Miguel Antonio Bernal señaló que no se puede dar una autorización de los dineros que pueden ser retenidos, y resulta incomprensible por los actos que realiza el Órgano Ejecutivo que pisotea las leyes y convenios internacionales. Destaca que ha habido advertencias claras de que el presidente Juan Carlos Varela hace caso omiso a los acuerdos internacionales y las convenciones que deben ser custodiados por los jueces y magistrados, y que los obliga a pronunciarse.
Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño explicó que para poder acreditar los fondos de los bienes cautelados, como sugiere el presidente, deben darse las sentencias y que el dinero se deposite al Estado. “Un bien cautelado no puede ser usado”, destacó.
“Una mentira hecha ley”, así han calificado juristas, economistas y políticos la promesa del presidente Juan Carlos Varela de pagar en un año los décimos caídos a 180 mil ex funcionarios que hoy son jubilados, muchos de ellos ya fallecidos.
La Ley 15 de 10 de abril de 2017, publicada en Gaceta Oficial el pasado martes, ha generado una serie de interrogantes en los temas económicos y legales.
El mayor debate gira en torno a que el Ejecutivo ha puesto en “jaque” al Órgano Judicial, ya que de este último depende el uso del dinero para poder cancelar la millonaria deuda del Estado con miles de panameños que no recibieron su segundo décimo tercer mes entre 1972 y 1983, en plena dictadura militar.
Según la ley, la plata para cancelar la millonaria deuda a estos jubilados se sacaría de un fondo especial producto de la venta de bienes e inmuebles que fueron cautelados a servidores públicos vinculados a delitos contra la administración pública (artículo II).
Pero para poder disponer de dicho dinero, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendría que esperar a que los exfuncionarios sean condenados y que luego se haya probado que los bienes que se les decomisaron fueron producto de un ilícito.
En este sentido, el jurista Neftalí Jaén explicó que se estaría hablando de entre año y medio a tres años para empezar a pagarles a los jubilados.
“En la Corte Suprema de Justicia, las condenas o absoluciones podrían demorar entre 18 y 36 meses; eso no es tan sencillo… toma su tiempo porque si hay condenas, se pueden presentar recursos de apelación o de casación”, dijo Jaén.
En otras palabras, el tiempo de un año para entregar el dinero prometido por Varela no es el correcto, según el argumento de este abogado.
En tanto, los expertos en leyes Miguel Antonio Bernal y Ernesto Cedeño coincidieron en que la ley es inconstitucional.
El primero señala que Varela viola leyes internacionales con respecto a bienes cautelados. Mientras, Cedeño afirma que deben darse sentencias para que se deposite el dinero al Estado.
Sobre el asunto económico, el exdirector de la Caja del Seguro Social (CSS) Juan Jované mencionó que existen muchas dudas, ya que no se conoce el cálculo real de lo que hay que pagar.
“Es muy complicado ese tema; habría que ir a las planillas de esa época para determinar cuánto ganaba cada persona. El otro detalle es si existe el fondo para poder pagar ese dinero”, expresó Jované.
Sobre el tema político, la dirigente del Frente Amplio por la Democracia (FAD) Maribel Gordón dijo que se trata de una situación que deja en la incertidumbre a los jubilados que esperan su décimo tercer mes.
“Nos parece que este gobierno, en sus discursos, ha demostrado que su forma de hacer política carece de planificación, no ha sido eficiente ni eficaz, sino populista”, declaró Gordón.
La también economista planteó el hecho de que parece una mentira presidencial porque se está disponiendo de dineros inestables, dineros de los que no se sabe si estarán prestos para usarlos o entregarlos.
Tomado de El Panamá América
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