Roberto Antonio Pinnock Rodríguez. SOCIÓLOGO Y DOCENTE UNIVERSITARIO.
Érase el año 1993, en Costa Rica los noticieros anunciaban que apresaban a cientos de nicaragüenses indocumentados en Chorotega (parte norte occidental del país) que estuvieron siendo contratados en haciendas agropecuarias de esa región.
Posteriormente, me enteré, por los propios ticos compañeros de la Universidad, que esto ocurría cada tiempo de cosecha. Las autoridades de Migración se hacían de la vista gorda en la incursión de nicaragüenses a esta región agroindustrial,
Permitiendo que vendieran su fuerza de trabajo y una vez iba finalizando la temporada, esa institución procedía a la persecución de los ‘ilegales' para deportarlos, lo que en realidad significaban ganancias redondas para los grandes empresarios que se beneficiaban de esa mano de obra.
¿Y los derechos humanos de esta población laboral, al menos de la remuneración apropiada por un trabajo
realizado?… Viva el doble discurso.
Siendo superada mi ingenuidad, ya en años sucesivos pude entender mejor el jueguito de los empresarios, sobre todo de toda la franja sur de EUA, respecto de los inmigrantes provenientes de México y Centroamérica.
Más recientemente, mientras se daba la algarabía mediática de que si el presidente Trump militarizaba la frontera, que si habría enfrentamientos, que si blablablá,
Algunas amistades que residen por California me enviaban en esas mismas fechas, un video donde más de 1500 hondureños y salvadoreños cruzaban tranquilamente la frontera, por vía acuática rumbo a las grandes plantaciones.
Se trata de una mano de obra que los empresarios de esas zonas no pueden darse el lujo de despreciar, no desplazan ninguna población laboral estadunidense y lo másimportante, les sale barato. Después de las cosechas, pueden retirarlos… o capturarlos. Lo demás es doble discurso.
Aquí entra la opinión de las poblaciones ‘nacionales' que, tanto en EUA como en Costa Rica, Chile o en Panamá, suele marearse con estereotipos que llevan a conductas de xenofobia y discriminación, mismos que dan pie a que se infrinjan derechos que son humanos allá o acá.
Es decir, mantener una política migratoria de doble discurso es lo que ha dado cuantiosos dividendos a las ‘democracias' del mundo, controladas por las empresas de capitales monopólicos en sus lugares de origen y allí donde trasladan sus operaciones.
Por ello, resulta un contrasentido que defensores de la justicia y principiosdemocráticos, salgan sin más a condenar el ‘Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular' (ONU, 2018) que alrededor de 160 Gobiernos medio aprobaron y que en su texto plantea ordenar algunas de las irregularidades de estos países que someten a explotación social a los inmigrantes laborales.
Ciertamente, el tema de la soberanía nacional se erige como uno de los argumentos para vetar la aprobación del mencionado pacto, a esto se refirió Trump para justificar su no adhesión al pacto. Sin embargo, en este tópico el texto dice que: ‘los Estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la
prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción (…) incluso al decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicará el pacto' (Op Cit., Numeral 15, literal c).
Así, si un aspecto medular como el de la soberanía nacional y la jurisprudencia de cada país es respetado al establecerse que es un principio que rige el pacto ¿De dónde han salido los argumentos que llevan al rechazo, porque, supuestamente, es un pacto que vulnera nuestra soberanía e institucionalidad nacional?
Es decir, da la impresión de que tales detractores o bien no han entendido el contenido de dicho documento o peor, ni siquiera lo han leído detenidamente.
En otros casos, estamos frente a paladines —y por esto repiten ciegamente las posiciones— de los que controlan las economías de nuestros países, que sin duda son los mayores benefactores de las migraciones desordenadas.
Allí donde los Estados buscan velar por la protección de sus connacionales, estos capitales muestran su inconformidad y promueven mecanismos irregulares para que se desencadene la libre movilidad de esa fuerza de trabajo que le ayuda a realizar sus exuberantes ganancias al menor costo laboral.
Personalmente, dudo que tal pacto resuelva este problema, porque no regula a sus causantes y además, nuestro Gobierno lo firmó allá, pero seguirá con su compromiso con Trump de mantener las inmigraciones particularmente
venezolanas, a costa de nuestra soberanía nacional. ¿Hasta cuándo el doble discurso?
