miércoles 7 de diciembre de 2022 – 12:00 a.m.
Mariano E. Mena
desiree1150@hotmail.com
Es decir, hasta el día 02 de diciembre; ninguno de los procesados se había podido notificar
El 24 de noviembre, el país se entera a partir de un comunicado del Ministerio Público, qué el Juzgado Primero Liquidador había condenado a siete dirigentes sindicales a quienes se les seguía una investigación iniciada en el 2010 en la administración del Martinelli y que a todas luces respondía a una persecución sindical en virtud de que fuimos quienes le confrontamos su estilo autoritario de gobernar y le pusimos cara a sus atrocidades, investigación que los auditores de Contraloría dijeron explícitamente que no existía delito alguno por el cual fuimos sobreseídos y que a partir de una carta de la amanuense Contralora de Bianchini dirigida a Alma Cortez ordenan la reapertura del expediente.
Por segunda vez el Juzgado Décimo de circuito sobresee a todos los investigados, amén de que el Consejo de Gabinete en representación del Gobierno Nacional 2014 ordena al Ministro Carles desistir de la toda querella legal promovida por el Ministerio de Trabajo.
Valga decir que la sentencia condenatoria se da 10 años después con un expediente (prescrito) y violentando el derecho a la presunción de inocencia a la que tienen derecho las víctimas, toda vez que existe por resolver un amparo de garantías constitucionales interpuesto por uno de los abogados de los querellantes del cual no han querido admitir siquiera los impulsos procesales que se han intentado presentar aduciendo que están en etapa de resolver.
Es decir, hasta el día 02 de diciembre; ninguno de los procesados se había podido notificar; sin embargo, para el ciudadano común todos los encartados ya debemos estar encerrados en cuatro paredes, cuando éste es un pleito que está por resolverse. Para nadie es un secreto que quien promovió éste proceso es un tipo con todo el poder del mundo a tal punto que aquí ha podido doblegar la justicia para que actúe en su favor y se pavonea por todo el país cómo el salvador de la patria, por tanto; no hay duda de qué se trata de una condena posiblemente trabajada a trastiendas (tal cómo lo hicieron con un fallo que reconocía el principio de especialidad y que la Corte revocó) para callar las voces sindicales, intimidar e imponer silencio frente a los temas electorales que se avecinan y a sus ansias de imponer las reformas paramétricas a la Caja.
Cuando se observa la cifra sobre la cual supuestamente se cometieron los delitos, podemos observar con claridad que la manipulación del Ministerio Púbico es más que vidente, porque desconoce todas las comprobaciones que las organizaciones sindicales presentaron a los auditores de la Contraloría y que el propio Juzgado reconoce como válidos.
Por tanto; queda claro que existe en éste proceso una o algunas manos poderosas que intenta encarcelar a todo quien se pueda oponer a sus aviesas pretensiones y para ello tienen de cómplices fiscales y jueces a la carta.
FUNDADOR Y EX SECRETARIO GENERAL DE LA CGTP
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