Por Mileika Lasso
Ante el incremento de la tarifa eléctrica durante el segundo semestre del 2018 de $0.015 por cada kW/h consumido, analistas del sector energético coinciden que la ineficiencia de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) no debió ser transferida en ningún momento al cliente final, pues el Gobierno Nacional, como accionista de ese ente regulador, buscó la salida más fácil y no la más estratégica.
El analista José Isabel Blandón, en el noticiero de Nextv, acusó al exdirector de ETESA, Iván Barría, de obstaculizar la construcción de la Tercera Línea de Transmisión, y al administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos, Roberto Meana, de retener las indemnizaciones que debía realizar para que la obra fluyera en los tiempos que correspondían.
‘Al ETESA ser un ente regulado, la tarifa no debió ser transferida a los consumidores ya que es una empresa y, en ese caso, si una empresa asume mayores costos o multas, no manda ese costo a los clientes, sino que le informa a sus accionistas que perdieron dinero’, explicó Blandon.
‘Aunque la medida exime a 846,373 consumidores del aumento por consumir menos de 300 KW/h al mes, la realidad es que ese bloque no representa el grueso del consumo, como se quiere hacer ver’, apuntó el ingeniero y ex director del IRHE.
Según Blandón, ETESA debe revelar sus estados financieros, pues con ‘el ajuste de la nueva tarifa, lo que se está haciendo es darle más dinero a una empresa en quiebra (ETESA). La información del alza la tenían desde junio y ahora fue que la anunciaron’.
Otro analista que difiere con la decisión de las autoridades es el exsecretario nacional de Energía, Juan Manuel Urriola, quien también participó en NexTv y dijo que en este caso el Gobierno se fue por el lado más blando, que era transferirle al usuario final, lo ‘que está fuera de la ley y crea un precedente negativo’.
Urriola aclaró que al aprobarse que el usuario final pague por la ineficiencia de ETESA, se da pie a que otras irregularidades también sean pasados a los usuarios. Además de que si ETESA logra mayores ingresos, no los transfiere a los usuarios sino que los remite al tesoro nacional.
CRECE MATRIZ ENERGÉTICA
‘Aunque el jueves, durante el anuncio del alza de la tarifa eléctrica, la ASEP, a través de un foro informativo, indicó que no debe registrarse en el futuro un alza por el retraso en la operación de la Tercera Línea de Transmisión, la realidad es que debido a la mala administración o manejo de la energía, ahora el país cuenta con una gran cantidad de contratos de energía con generación de gas natural -tres para ser exactos- lo que provocará que en tres o cuatro años haya un excedente, que también habrá que pagar porque están contratadas’, señaló Urriola.
Independientemente de que el actual secretario Nacional de Energía, Víctor Urrutia, suspendió las nuevas compras, Urriola sostiene que ‘se está enviando un mensaje negativo’.
En contexto señala que ‘sé ataca la generación de las renovables, se manda una señal negativa internacional al cumplimiento de los acuerdos verdes, para darle preferencia al gas, y en los próximos años, más del 50% de la generación eléctrica provendrá del gas, con lo que habrá un ‘monogenerador’ de la energía en Panamá’.
Las tres generadoras de gas natural en Panamá son: AES Colón (que administra la hidroeléctrica Chan I, en Bocas del Toro); Panamá NG Power (que aún no entra pero que la Corte falló a su favor) y la china Martano, Inc.
Hasta el momento, el 60% del consumo de energía eléctrica en Panamá procede de la generación hidroeléctrica; el 32% de la térmica; el 7% de la eólica y el 1% de autogeneración.
Cálculos de ETESA revelan que en los últimos diez años el crecimiento promedio anual en demanda energética ha sido de 4.99% y en consumo de energía, 6.2%, superior a la de otros países de Centro y Suramérica.
El ajuste tarifario rige de julio a diciembre próximo, como consecuencia de la entrada de la Tercera Línea en la nueva tarifa de transmisión y los ajustes normales del periodo.
LOS QUE MÁS PAGARÁN
Con la nueva tarifa, los negocios son los mayores afectados. Ante esa realidad, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), consideran que el aumento en la tarifa eléctrica impacta directamente al 25% de los clientes, dado que consumen más de 300 kW/h al mes. En este grupo de consumidores se encuentran los comercios y el sector industrial.
Por lo tanto, ese ajuste promedio de 8.4% sí afectará los costos de producción y comercialización de las empresas, lo pudiese reflejarse en los precios finales de productos y servicios al consumidor.
La APEDE manifestó que las deficiencias en la transmisión se han traspasado al usuario final, ‘por lo que debemos llamar a la reflexión como país sobre el modelo de gestión de ETESA, qué queremos y qué necesitamos’.
APEDE hizo un llamado a los diputados para que se propicie el debate, dado que ‘los panameños nos merecemos un servicio eléctrico de transmisión lo más profesional y técnico posible, alejado de los vaivenes políticos’, apuntaló el gremio a través de un comunicado de prensa
Otro grupo que reaccionó ante el incremento fue la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC), debido a que el incremento del 8.4% en la tarifa sí impactará en el costo operativo de las actividades logísticas y comerciales que se realizan en la principal zona franca del país.
Mediante un comunicado, la AUZLC indicó que ‘como empresarios vemos con preocupación cómo este aumento podría ser transferido al costo de alimentos, ropa, calzado y servicios prioritarios, como salud, educación, entre otros’. Agregó que ‘como ciudadanos nos inquietan las razones que impulsan esta medida, sobre todo porque su ejecución incidirá directamente en la calidad de vida de los panameños y en la capacidad de muchas pequeñas y medianas empresas’.
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