Como si no hubieran sido las expresiones de rechazo suficientes, frente a las ventas de las acciones que el Estado tiene en las Empresas mixtas, nuevamente se trae al tapete este tema.
El Presidente de la república ha manifestado la posibilidad de la venta de la participación del Estado en empresas mixtas, como las distribuidoras eléctricas.
Este tema entra en debate público ya que una reforma legislativa obligaría que el producto de las ventas ingrese directamente al FONDO DE AHORRO PANAMA-FAP-.
El gobierno nacional no ve, no siente, no oye, menos acepta sugerencias, ya que no aceptan a las organizaciones populares, al contario las persiguen diariamente.
El movimiento sindical, la sociedad civil, el pueblo en general se ha manifestado contra la venta del país, desde combatir el negociado con las tierras, principalmente las costeras, hasta la venta de los terrenos de la zona libre, se ha luchado contra la venta de las acciones en las empresas mixtas, como en el sector eléctrico, de la telefonía, hidroeléctricas, porque son precisamente áreas estratégicas del país.
El propio Banco mundial en su informe de 2005, acepto que no fue muy buena idea recomendar la venta- privatización de las Empresas estatales, al contario hoy anuncia que hay que actuar con cautela cuando se trate de sectores estratégicos de un país.
La política del Gobierno nacional es el negocio por el negocio, el concepto país, estado, nación, desarrollo, no está en su diccionario, en su agenda, tal como lo demuestra los escándalos publicados en diarios locales e internacionales.
El movimiento organizado de Panamá está exigiendo que los sectores señalados en vez de pensar en venderse-privatizarse cien por ciento, regresen al Estado, que sean renacionalizados, no puede ser que sectores tan importantes para la vida y desarrollo del ser humano pasen a mano de transnacionales, que solo les interesa el lucro y la explotación de los trabajadores.
Hacemos un llamado al movimiento sindical y al pueblo en general en estar al día, alertas, sobre el proyecto de ley que se debate en la Asamblea de diputados, presentado por el Ministro de Economía y finanzas, Frank de Lima.
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