El viernes 25 de septiembre de 2015 se aprobó la nueva Agenda 2030 de la ONU, en presencia de los principales líderes del mundo, durante una sesión especial de la Asamblea General Anual de las Naciones Unidas. Además, este año se conmemora el 70ª aniversario de la creación de las Naciones Unidas, que imprime un impulso adicional a esta nueva agenda mundial por el desarrollo sostenible, que debería sacar al mundo de la pobreza y salvar nuestro planeta.
Los objetivos generales de la ISP y del movimiento sindical en este ámbito —empleo pleno y productivo; trabajo decente para todos y para todas; protección social universal; derecho humano al agua y saneamiento; educación de calidad universal y gratuita; sanidad para todos; igualdad entre los hombres y las mujeres, y reducción de las desigualdades salariales— están en general incorporadas en la Declaración y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las Metas.
Sin embargo, la ISP sigue siendo muy crítica respecto al marco que apoya los ODS, que tiene por objetivo su implementación y monitorización efectiva. A lo largo de las negociaciones de los ODS y de la Financiación del Desarrollo (FFD3), la ISP viene defendiendo que esta agenda puede acabar siendo un vehículo de la privatización y del mantenimiento del status quo. Son necesarios criterios incondicionales para garantizar una intervención del sector privado conforme al interés público, sobre todo cuando se utilizan recursos públicos para apoyar al sector privado.
Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP, afirma: “Sólo será posible alcanzarlos ODS contando con unos servicios públicos de calidad y bien financiados, no mediante una privatización sin control alguno o mediante Asociaciones Público-Privadas (PPP), cuyos beneficios van a parar a las empresas y acaban reduciendo el acceso de la población a la sanidad, la educación, el agua y la energía. El sector privado tiene un importante papel que desempeñar en el desarrollo. En primer lugar, pagando unos salarios decentes y sus impuestos y, en segundo lugar, respetando las normas laborales y medioambientales. La ISP continuará colaborando el año próximo con sus aliadas, abogando por la creación de un organismo fiscal intergubernamental y por la exclusión de los servicios públicos esenciales de los PPP”.
Uno de los vehículos preferidos para implementar esta agenda es la creación de Alianzas Mundiales: se trata de coaliciones multisectoriales que pretenden contribuir a uno o más objetivos. Si bien se están anunciando muchas nuevas alianzas, se teme que sean el principio de una nueva era de multilateralidad selectiva, diseñada por el bloqueo de la política intergubernamental y con una creciente dependencia de las soluciones a los problemas globales encabezadas por las compañías. Debemos garantizar la participación de los trabajadores y trabajadoras en estas alianzas, y es preciso resolver con carácter urgente las estructuras de gobernanza y de rendición de cuentas de dichas alianzas mundiales. Además, brillan por su ausencia las tan necesarias políticas públicas, que son más sustentables, y apenas se presta atención a modelos alternativos de desarrollo, como la economía social y solidaria.
Rosa Pavanelli continúa: “Con ocasión del Día Mundial por el Trabajo Decente, instamos a todos los gobiernos a reconocer el papel fundamental que el trabajo decente tiene para la implementación de la Agenda de 2030. No acabaremos con la pobreza mientras no se pague un salario digno a cada trabajador y trabajadora. Hay millones de personas trabajando en los servicios públicos que cobran salarios de miseria, en empleos precarios. También pedimos que los gobiernos renueven su compromiso con la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, que son los verdaderos instrumentos para combatir la desigualdad y para crear un crecimiento con una amplia base socioeconómica. Finalmente, necesitamos que los gobiernos resuelvan con la máxima urgencia la difícil situación que atraviesan millones de refugiados y trabajadores migrantes. Necesitamos algo más que declaraciones sobre cómo cambiar el mundo: ¡reclamamos respeto a nuestros derechos humanos y laborales!”.
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones.
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