Se fundio El Computador

El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, declaró ilegal el contenido de los supuestos computadores encontrados en Angostura territorio del Ecuador, el pasado 1 de marzo de 2008, en medio de la “Operación Fénix”, en la que fue asesinado el segundo comandante de las FARC Raúl Reyes. El pronunciamiento del máximo tribunal de justicia colombiano se efectuó en el Auto Inhibitorio que profirió en favor del exrepresentante a la Cámara por Bogotá Wilson Borja, quien según investigaciones oficiales habría intercambiado supuestos correos electrónicos con Raúl Reyes.

La farc-politica sin piso

La Corte Suprema de Justicia, escucho de manera juiciosa los testimonios allegados al proceso en contra de Borja, en donde no encontró de ninguno de los citados una acusación concreta en la posible relación de éste con el grupo insurgente, en lo que denominaron farc-politica, montajes que contribuyeron para equiparar la para-política que en el periodo Uribe hizo metástasis y que llevo a un centenar de congresistas a la cárcel.

Entre las declaraciones arrimadas al proceso se encuentra la del Ministro de la Defensa de la época Juan Manuel Santos y el jefe de la cartera de gobierno Carlos Holguín Sardi, así como también, los comandantes de la Policía Nacional el general Oscar Naranjo y del Ejército Nacional general Fredy Padilla.  La Corte adujo que “Ninguna entre todas esas personas, en el largo itinerario de sus vidas, estableció que el excongresista WILSON ALFONSO BORJA DIAZ, desempeñara algún papel dentro de esa agrupación; ni porque alguien les haya dicho, y menos que ellos mismos lo hubieran constatado.” Puntualizó.

Sin competencia territorial
La Sala penal del alto tribunal explicó el equivocado manejo del material probatorio encontrado en el campamento de Angostura. Las USB, los discos duros y el supuesto computador encontrado fueron recogidos sin el lleno de los requisitos legales que impone tanto la ley, como la Constitución y los convenios de ayuda judicial suscritos por Colombia en la Comunidad Andina de Naciones. Según relata la Corte, en la operación militar participaron todas las fuerzas del Estado encabezada por la Policía Nacional, quienes al mando del Mayor Camilo Ernesto Álvarez Ochoa,  jefe del comando de operaciones especiales de la Policía Nacional y quien relató cómo recolectaron documentos electrónicos hallados en el campamento en territorio Ecuatoriano, sin permiso, ni consulta de autoridades competentes de ese país. Lo que para la Corte es una flagrante violación al Debido Proceso que gobierna en la producción de pruebas en el exterior.

“Las fuerzas armadas colombianas, dentro del marco de la “Operación Fénix”, ejercieron poderes de policía judicial que no tenían” enfatizo la Corte en su pronunciamiento. De hecho, remarca el Auto Inhibitorio, que aun si los agentes colombianos estuvieran abrazados por las funciones de policía judicial, estos no habrían podido actuar por la extraterritorialidad de sus funciones tras no tener competencia en la República hermana del Ecuador “Por principio de competencia sus agentes, a menos que tengan anuencia del otro Estado y sigan las reglas dispuestas en los tratados y convenios internacionales, no pueden producir “pruebas legales”, validas o legitimas, más allá de las fronteras nacionales. La producción o práctica de pruebas en el exterior también atiende a un “debido proceso”; no se puede recoger de manera informal, de facto, sino siguiendo un método legal, en el que está involucrado no solo el derecho nacional sino también el de los Estados concernidos”. La Corte, aclara también que no todas las autoridades colombiana tiene la facultad para hacer pedidos de asistencia judicial a un Estado extranjero: jueces, fiscales, magistrados y el jefe de unidad de la policía judicial son los competentes para solicitar esa ayuda; y no los soldados regulares y suboficiales del Ejército Nacional que participaron en la operación militar que a la postre fueron los encargados de inspeccionar y recolectar en Angostura  Ecuador, los supuestos materiales que ahora son reconocidos como ilegales.

Efecto domino
Para el jurista Guillermo Pérez, abogado defensor del excongresista Borja y de la destituida senadora piedad Córdoba, la actuación de la Corte es de una importancia notable por la advertencia que esta hace de los principios probatorios y legales del derecho. “Uno no puede traer pruebas ilegalmente producidas en el extranjero para hacer parte de un proceso penal. Y el fallo es claro en que las pruebas del famoso computador de Raúl Reyes, no son pruebas en materia penal” explico el jurista quien también añadió como los demás procesos construidos a partir de los computadores correrán l a mism

a suerte gracias a este fallo. “El periodista William Parra, el director del Semanario VOZ Carlos Lozano, el Doctor Miguel Ángel Beltrán, la dirigente agraria Liliani Obando que fueron procesados y algunos de ellos aun están detenidos gracias al computador de Reyes serán beneficiados por el fallo de la Sala Penal”.

Justicia objeto de agresión
Hizo carrera entre los uribistas puros y duros cuestionar los fallos de la justicia, y este por supuesto no fue la excepción, pues sin mayor pudor y con la menor desfachatez descalifican el actuar de los jueces del  país, instigando a la lapidación pública a la Rama Judicial. El propio expresidente manifestó por su cuenta en Twitter “Justicia? Los inocentes a la cárcel las pruebas de terroristas se desestiman!”, en alusión a la determinación de la Corte y la solicitud de medida de aseguramiento en contra de su Secretario en la presidencia Bernardo Moreno. Sumado a esto, ya suenan versiones según las cuales, la defensa del alto Gobierno a la tesis del cabal cumplimiento de la cadena de custodia al “computador” de Reyes, que hiciera la propia  INTERPOL, se vendría abajo. Desde luego, pues coinciden expertos juristas que señalan la inexistencia de alguna facultad legal otorgada a la INTERPOL, para convertirse en autoridad competente de policía judicial en Colombia. Lo que a juicio de la Corte es suficiente razón para aplicar a los computadores de Reyes: “La cláusula de exclusión, tronándose nulas de pleno derecho.”

Voz

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