La preocupación constante de los gobernantes y otros sectores económicos panameños por lograr los estándares del Primer Mundo, en la educación primaria, secundaria y universitaria (computadoras, internet inalámbrico, aulas virtuales), en la salud (tecnologías en hospitales: en los deportes (canchas sintéticas de fútbol), en el transporte de pasajeros (Metro), seguridad pública (pele police y cámaras de video vigilancia), seguridad alimentaria (cadena de frío), en la política fiscal (cajas registradoras fiscales), entre otras tantas acciones de modernización, evidencian algunas prioridades del estándar de calidad que se busca imitar del mundo globalizado.
Esta imitación de la modernidad tecnológica es buena, pero debe ir de la mano de la modernidad de la liberación (Inmanuel Wallerstein), para que sea un crecimiento económico y social al mismo nivel. De lo contrario estaremos frente a un crecimiento económico de grandes dimensiones (9%) en comparación con un crecimiento social que, en vez de cerrar la brecha entre ricos y pobres, lo que hace es aumentarla en la misma proporción.
Una de estas acciones de la modernización de la liberación, que contribuirían a cerrar la brecha, sería imitar los salarios del Primer Mundo. Esta variable no la mencionan ninguno de los defensores de la modernización de la sociedad panameña, parece que no está en sus prioridades igualar los salarios de los países que tanto deseamos copiar y que con tanto énfasis hacen los gobernantes y sectores económicos. ¿Por qué, así como se busca sacar la máxima producción a la fuerza laboral panameña, para obtener millonarias ganancias para los accionistas empresariales, no se aplica el estándar salarial del mundo globalizado? Un ejemplo de esto son los salarios de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), los que desde su creación hasta su traspaso a Panamá optaron por mantener.
De los nueve mil trabajadores que conforman la fuerza laboral de la ACP, un alto porcentaje son panameños, formados en nuestro sistema educativo, y han demostrado que el Canal de Panamá sigue funcionando igual o mejor que cuando los gringos lo controlaban totalmente. La eficiencia de esta fuerza laboral se puede replicar en todo el país, si imitamos sus estándares de rendimiento, control de calidad, nombramientos por méritos y no por inscripción política y, por supuesto, los salarios del primer mundo.
Así como imitamos la solución al problema del agua que provocaron las lluvias en el año 2010, cuando el Idaan tuvo que acoger los protocolos de la ACP en materia de tratamiento de agua potable para controlar la turbiedad provocada por los deslizamientos de tierra en el río Chagres, porque descubrieron que contamos con un modelo ejemplar de empresa estatal que funciona mejor que muchas empresas privadas en Panamá.
En estos momentos en que la comisión de salarios mínimo, en la que el Estado, la empresa privada y los trabajadores están evaluando el aumento del salario mínimo (ahora que tenemos un presupuesto estatal multimillonario de 14 mil millones, que en parte es un reflejo de los impuestos que generan las ganancias empresariales privadas), es imperativo considerar la relación ganancias versus producción, porque el salario pagado es considerado un costo de la producción, es decir, que si aumentan los salarios se aumentaran los costos de producción. Sin embargo, las ganancias obtenidas, una vez separados los costos, no son parte de los beneficios que recibe la fuerza laboral, es decir, que el salario mínimo no está en función de lo que producen los trabajadores, sino en relación con la canasta básica de alimentos y otros elementos del costo de la vida. ¿Por qué no se pueden compartir las ganancias con la fuerza laboral o colaboradores, de una forma equitativa, para equiparar la modernidad tecnológica y empezar a reducir la brecha entre ricos y pobres
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