DEMETRIO OLACIREGUI Q.La planificación, asignación y ejecución del Presupuesto General del Estado está demostrando que el gobierno de Ricardo Martinelli desconoce la cautela y la prudencia al momento de emplear los recursos públicos. El momento crítico en el que está entrando la economía mundial, arrastrada por los problemas de la deuda y el déficit de Estados Unidos, ofrece un futuro sombrío y bajas perspectivas de crecimiento.
Panamá no está aislado del exterior y una recesión de la economía mundial tendrá sus efectos en el país. Podría producirse una merma en el turismo, en la demanda de exportaciones, una contracción del comercio internacional con sus repercusiones en la Zona Libre de Colón y en las operaciones del Canal.
Por el carácter de su economía la marea de la crisis mundial se tarda en tocar a Panamá, pero cuando pasa su efecto también toma más tiempo en recuperarse. Por eso la recomendación es mantener el gasto público bajo control, aumentar el ahorro interno, la eficiencia y productividad, mejorar la recaudación y prevenir la evasión fiscal.
Sin embargo, no existe un plan serio de ahorro ni un freno al gasto público, como si el país viviera en un carnaval de millones. Así lo demuestra el presupuesto de $14,468 millones para el 2012, de los que $6,000 millones se destinarán mayormente a inversiones en infraestructuras en desequilibrio con los servicios sociales y $1,967 millones a la planilla estatal que en dos años creció en $217 millones.
La fiebre de construir obras de infraestructura, junto con la compra de los corredores Norte y Sur, pareciera ser uno de los principales afanes de este gobierno. En el proceso se ha beneficiado en forma sospechosa a las empresas Odebrecht (que aportó por lo menos $800,000 a la campaña de Martinelli), FCC, ICA y PYCSA. Diversos sectores han denunciado la megarrebusca, que significa la compra de los corredores con un sobrecosto de más de $500 millones.
Para enfrentar los proyectos faraónicos, el equipo económico del régimen echa mano en forma imprudente del endeudamiento. Oficialmente la deuda contratada hacia el 2014 será de $4,476 millones. Pero podría ubicarse en $8,500 millones, porque no incluye más de $2,000 millones en proyectos llave en mano, la compra de los corredores por $1,020 millones, las ampliaciones del Aeropuerto de Tocumen por $800 millones, ni $300 millones de financiamiento de ETESA.
Mientras se produce ese manejo irresponsable de las finanzas públicas, en el sistema de salud no hay estructuras para los pacientes de cáncer, las bacterias han matado a 60 personas en la CSS, hay epidemias de dengue y faltan medicamentos e insumos en los hospitales. Sin contar con los problemas de aguas negras, la basura, y la falta de agua potable y electricidad en cientos de comunidades del país.
Un precario sistema educativo, el alza permanente de los precios de los alimentos y la energía, la inseguridad ciudadana y la crisis en el Órgano Judicial y el Ministerio Público, conforman un cuadro doloroso de la degradación que está sufriendo el país.
Con el aumento de las tensiones sociales, también se reducen los espacios de diálogo para hallar soluciones a los problemas nacionales. El gobierno de Martinelli no ha intentado consolidar un programa de redistribución del bienestar social ni mejorar los servicios a la población. La sociedad en su conjunto es la que paga los costos de un estilo de gobierno cada vez más autoritario, en el cual el ciudadano está desprotegido e indefenso.
El gobierno pareciera ignorar que un ambiente de estabilidad política y social es el principal garante del desenvolvimiento de la economía. No es con el gorilismo expuesto por el ministro de Seguridad, José Mulino, aficionado a las películas de mucha bala, como se ejerce el poder y se conduce al país a buen puerto.
Martinelli debe reconocer a la oposición y a la sociedad civil como socios en la tarea de construir el país. Lejos de la discrecionalidad, las arbitrariedades y falta de trasparencia, la ciudadanía demanda un ambiente en el que pueda convivir en armonía y sin imposiciones. Esa es la mayor empresa que puede acometer un gobierno que respeta a sus ciudadanos y no se burla de su inteligencia con cuentos de Walt Disney.
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