Por un Panamá libre de minería metálica

Con el arrogante desprecio propio de los regímenes autoritarios, el gobierno Martinelli ignoró por completo las enseñanzas que se desprendieron de la masacre de Changuinola al imponer contra la opinión mayoritaria de la población la Ley 8 reformatoria del obsoleto Código de Recursos Minerales. A la burla que significó la tomadura de pelo a los ingenuos de buena fe que se acercaron a exponer sus propuestas a la comisión de comercio de la Asamblea Nacional, y que luego vieron ignoradas todas y cada una de sus sugerencias, se agregó la pantomima soez de firmar un “acuerdo” con  falsos y espurios “dirigentes” ngäbe buglé representados por Rogelio Moreno. Finalmente, al fracasar todas y cada una de sus grotescas maniobras, el gobierno recurrió, inútilmente, a su último recurso: la represión pura y dura contra la comunidad.

Por su parte, el pueblo ngäbe buglé entendió, desde la experiencia de Changuinola, que solo mediante una lucha firme y unificada, que además tendría que derrotar todo tipo de maniobras fraudulentas previas y enfrentar finalmente la represión policial, se podría lograr el respeto a los derechos comarcales, humanos y ciudadanos, así como a las libertades democráticas ferozmente atacadas por el actual gobierno. Por otra parte, su exigencia de realizar una negociación pública, y no secreta, fue determinante para el triunfo. He ahí la explicación de la victoria que obligó al gobierno Martinelli a retroceder y derogar una ley que entregaba los recursos minerales del país a la voracidad sin límites de Estados extranjeros, y sometía la geografía nacional a una devastación sin trabas. Y todo ello, tal cual se comenta en cada uno de los rincones del país, para engordarle el bolsillo a un par de bellacos y apátridas.

Una barbarie ecológica

La minería metálica a cielo abierto constituye una de las mayores agresiones a la naturaleza, cuyas consecuencias devastadoras son irreversibles. Dicha explotación obliga a la deforestación y remoción de la capa de vegetación de la totalidad del territorio concesionado (entre centenares y miles de hectáreas), convirtiendo dichas tierras en desérticas, perdiéndose con ello todo el potencial ecoturístico. La totalidad de la fauna se ve obligada a abandonar su hábitat natural, con grave peligro de que algunas especies no puedan adaptarse y desaparezcan. Las comunidades originarias quedan desarticuladas social y económicamente, viéndose expulsadas de su habitat natural.

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Para obtener cinco toneladas de cobre hay que remover y procesar mil toneladas de tierra. El material inutilizable (995 toneladas en el ejemplo) es ubicado en enormes depósitos de tierra contaminada por restos de explosivos y químicos. El proceso de pulverización de la roca libera gigantescas nubes de polvo contaminado y lo mismo ocurre en las etapas de separación y concentrado del mineral, ya que se generan emisiones altamente tóxicas. Al combinarse dichas emisiones tóxicas con la humedad del aire, los óxidos de  nitrógeno y dióxido de azufre forman ácido sulfúrico y ácidos nítricos que caen posteriormente a la tierra arrastrados por las lluvias, generando lo que se conoce como “lluvia ácida”.

La lluvia ácida se filtra en la tierra contaminando las aguas subterráneas y los ríos, matando la vegetación de otras zonas, afectando las cosechas lejanas, etc. Y no olvidemos los graves peligros ciertos de las llamadas tinas de relave, que son las que contienen las aguas contaminadas por cianuro, veneno utilizado para la separación del oro y el cobre. Como puede intuirse, los daños que se causarían serían impagables e irreversibles, mientras que los beneficiarios de la explotación (Canadá, Singapur, Corea y cuatro bellacos apátridas) generarían ingentes beneficios.

Lo mismo puede decirse de la explotación de oro. Petaquilla consume la misma cantidad de agua que se requeriría para satisfacer las necesidades de 60.000 panameños cada día. Por su parte, la mina de cobre en Donoso, Colón, requiere para su operación tres tajos (cráteres), ocupando el más pequeño 8 veces la extensión del Cerro Ancón, y el más grande dos veces la extensión del Parque Metropolitano, sin contar con que el más hondo tendrá 300 metros de profundidad, similar a la altura de un edificio de cien pisos.

Finalmente, ¿cómo fiscalizar tamaña barbarie con una institución, la ANAM, politizada y envuelta en escándalos de corrupción, carente, por lo demás, de la tecnología necesaria, el recurso humano especializado y dotada de un magro presupuesto que es engullido en su mayor parte por la burocracia? Definitivamente, hay que impedir a toda costa una barbarie ecológica de esta magnitud.

Por un Panamá libre de minería metálica

No sólo debemos detener la mano ecológicamente asesina que amenaza las comarcas. Incluso si se quiere garantizar la satisfacción de dicha exigencia comarcal, la lucha debe orientarse a prohibir las futuras concesiones de minería metálica y a sancionar la cancelación definitiva de la explotación y operación de las concesiones ya otorgadas en todo el territorio nacional.

Al trasladar la negociación de la nueva ley de recursos minerales al seno de la genuflexa y corrupta Asamblea de Diputados, el gobierno persigue un nuevo camino para la obtención y satisfacción, ahora en frío, de sus perversas apetencias mineras. Ese es el peligro que nos amenaza, y que sólo podrá ser derrotado exigiendo la constitución de una Comisión Nacional, integradora de todos los sectores afectados e interesados, que debata públicamente, sobre la conveniencia o inconveniencia de la minería metálica en Panamá. Costa Rica logro proclamarse país libre de minería metálica, y ese es el ejemplo a seguir.

Lamentablemente, como ocurre desde hace más de veinte años, el pueblo panameño está solo en esta lucha. Tanto el Partido Revolucionario Democrático, como el Partido Popular, son agentes entusiastas de la minería metálica, y sus gobiernos han sido artífices de la mayoría de las concesiones mineras otorgadas y de la totalidad de las que están en explotación. Es por ello que un debate nacional, que tenga por audiencia al conjunto de la ciudadanía, se hace urgente y necesario.

Y en cuanto a las promesas del gobierno, ¿cómo confiar en quien impone, amenaza, reprime, firma acuerdos espurios, miente y expulsa del país ilegalmente a periodistas como Paco Gómez Nadal y compañera, intentando así silenciar las protestas y los testigos de tamaño crimen ecológico? ¡Ñagaré!
Derogada la Ley 8, gracias a la movilización y firmeza del pueblo ngäbe buglé, la exigencia de una comisión nacional que abra el debate, cara a la ciudadanía, debe ser el objetivo de todas las fuerzas sociales implicadas en esta lucha.

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