Otro conflicto arrecia en el Tabasará

El presidente Ricardo Martinelli abandonó Panamá durante el fin de semana para gozar como un fanático más de las jugadas de un partido de fútbol en Europa. Dejó en el patio una polémica iniciativa de introducir una segunda vuelta en la institucionalidad electoral del país. Al mismo tiempo, su ministro de Economía está obsesionado con un proyecto de construcción de 400 millones de dólares que sólo beneficiará a su séquito. Su ministro de Seguridad, disfrazado de soldado, está preparando un contingente militar especial con armamento norteamericano con el objetivo supuesto de perseguir a los narcotraficantes. Su ministro de Comercio asumió como misión la búsqueda de clientes en todo el mundo para vender el país al mejor postor antes de 2014.

“La segunda vuelta” y las otras iniciativas gubernamentales responden a una sola estrategia: la reelección y la entronización de Ricardo Martinelli en el poder. La debilidad institucional de la democracia, sin embargo, impide que el país enfrente este exabrupto para orientar la agenda política hacia problemas más importantes. Los empresarios no se atreven a actuar debido a la corrupción que corroe su relación con el gobierno. Cualquier movida en falso puede hacer caer el edificio entero. La llamada “sociedad civil” o conjunto de organismos no gubernamentales que se movilizan a favor de la transparencia está amarrada sin poder actuar con energía. Las organizaciones de la clase obrera, campesina y pueblos indígenas son perseguidas y reprimidas con saldos fatales cada vez que protestan.

Mientras los políticos más poderosos del país viajaban al exterior, colapsaba el diálogo

del Movimiento 10 de Abril por la Defensa del Río Tabasará con el gobierno nacional. Las trasnacionales y el gobierno no se detienen en hacer realidad el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en el área donde colindan la provincia de Chiriquí y la comarca Ngobe Buglé. Miles de familias perderán sus tierras y viviendas debido a la falta total de planificación. El conflicto se ha agravado con la ocupación de la servidumbre pública de la Carretera Interamericana por parte de unidades de la Fuerza Pública, listas para entrar en acción contra los pueblos del área.

Las autoridades que están preocupadas por sus intereses personales desconocieron el compromiso adquirido por el vice-ministro Luis Carles quien solicitó el 6 de mayo, a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), la suspensión de los trabajos de construcción de la hidroeléctrica hasta que se hubiesen podido realizar los estudios necesarios. Los trabajos se reiniciaron a pesar de las denuncias formales interpuestas por los dirigentes del Movimiento 10 de Abril ante la administración regional de ANAM, en Chiriquí. La obra se reinició aún cuando el estudio de impacto ambiental ya no tiene vigencia.

La persistencia del conflicto del Tabasará representa otro fracaso de la sociedad panameña por resolver conflictos de manera pacífica y garantizar la seguridad jurídica para todos los panameños. Según las organizaciones ambientalistas “resulta vergonzoso que el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco subsista a pesar de una larga controversia entre el gobierno y los pobladores ngobe y los campesinos que viven a orillas del río Tabasará… Están defendiendo las aguas de este imponente río frente a la generación de energía hidroeléctrica”.

La falta de planificación ha generado conflictos similares en los ríos Chiriquí, Changuinola, Bayano y tantos otros. “Durante más de una década, según las organizaciones, esta lucha ha provocado movilizaciones, acciones de protesta, pronunciamientos públicos e incluso enfrentamientos entre las fuerzas del orden público y los afectados.

Lamentamos que por tantos años no se haya favorecido el diálogo y el imperio de la ley”. La Asamblea de Diputados llegó al extremo de introducir un “camarón” legislativo confundiendo un proyecto hidráulico con la creación de dos corregimientos. Incluso, las trasnacionales dueñas de las generadoras contemplan la exportación de la energía producida.

El Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre le planteó al gobierno que “como sociedad aprendamos de los errores cometidos, ya que la falta de diálogo y la alteración inconsulta del orden jurídico sólo contribuyen a la disrupción de la paz social y a la vulneración de los derechos ciudadanos”. El Movimiento que reúne campesinos e indígenas le dieron un sano consejo a los gobernantes: No queremos que se repitan los hechos trágicos ocurridos hace poco en el distrito de San Félix. “Por esta razón, exhortamos al gobierno nacional a que reexamine su posición y que honre los compromisos adquiridos”. Hay que exigirle al presidente que resuelva esta crisis antes de su próximo compromiso deportivo o familiar en el exterior.