“Organizaciones piden veto parcial para proyecto de contrataciones públicas”

Grupos organizados de la sociedad civil pidieron este martes, 3 de mayo, al presidente Juan Carlos Varela el veto parcial al proyecto de ley de contrataciones públicas aprobado el pasado viernes, 29 de abril, en tercer debate en la Asamblea Nacional.
En conferencia de prensa, los representantes de las diversas organizaciones dijeron que si bien hay un “ligero avance” con el proyecto, también es cierto que el documento necesita mejoras.
Explicaron que hay “un sinnúmero” de aspectos adicionales a revisar entre ellos la aprobación del “Convenio Marco” para obras, la regulación de las contrataciones directas, la necesidad de mejorar el sistema de pagos a los proveedores, la estabilidad de los funcionarios de compras, generar mayor transparencia a partir de la planificación y la formulación del presupuesto, la unificación de la regulación de adquisición de medicamentos e insumos médicos.
Carlos Gasnell, presidente de Transparencia Internacional capítulo de Panamá, resaltó los aspectos positivos, tales como la eliminación de las licitaciones abreviadas y las apremiantes. También que en el documento se haya incluido la publicación de los precios de referencia de manera obligatoria, y que se eliminara la excesiva discrecionalidad en las consultorías.
A través de un comunicado, los grupos recordaron que el actual gobierno se comprometió en campaña la adopción de “un sistema público de compra y contratación abierto, competitivo y transparente, con monitoreo público, así como exigencias de altos estándares de probidad a los proveedores y las sanciones ejemplares correspondientes”.
“Esta promesa de campaña exigía la búsqueda de mecanismos para que empresas y los particulares detrás de ellas, se vieran inhabilitadas para participar en licitaciones, o ser objeto de contratos directos de forma permanente, o por un término razonable, mientras la empresa enfrentaba las respectivas sanciones por haber participado en actos de corrupción, no solo en nuestro país sino en otras jurisdicciones”, señala el documento.
Tomado del diario La Prensa del 3 de mayo 2016