Nota Técnica N° 16 de la Fundación del Trabajo (22 de abril de 2020)

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NOTA TECNICA A DIRIGENTES EMPRESARIALES, SINDICALES Y PROFESIONALES DEL MUNDO DEL TRABAJO

LA PANDEMIA DEL COVID 19, UNA OPORTUNIDAD PARA CORREGIR RUMBOS. LOGRAREMOS UN PANAMA DIFERENTE? [1]

1.      INTRODUCCION

Se dice que después de la crisis por COVI-19 el mundo será otro y tendremos la oportunidad de construir un Panamá diferente. Un Panamá que se aleje de la desigualdad y la pobreza que golpea a uno de cada cinco panameños y que avance hacia un país más productivo, equitativo y justo.

Sin embargo, ese cambio no se logrará con el mismo modelo de crecimiento y las políticas económicas que han llevado al país hacia el actual estado de inequidad. Ese modelo de crecimiento excluyente se ha basado en el principio de que los recursos, incluida la inversión pública, se deben asignar eficientemente favoreciendo a las actividades más rentables financieramente; desregular la intervención estatal en los mercados y minimizar la institucionalidad pública; apertura económica indiscriminada y desprotección a los productores nacionales; ponderar más el mercado externo respecto al consumo nacional; liberalización de los precios de bienes y servicios favoreciendo la especulación y las prácticas oligopólicas; y evadir el cumplimiento de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, entre otros.

El resultado ha sido un país con una institucionalidad desarticulada, incluyendo el débil sistema sanitario, un país sin una visión clara del objetivo de largo plazo al que se quiere transitar y donde en el presente siglo ha prevalecido la improvisación sobre la planificación estratégica. Un país donde la asignación de los recursos hacia la salud y educación se ha considerado un gasto y no una inversión. Un país donde los valores éticos han dado paso a las prácticas del juega vivo y la corrupción.

Panamá no es un país pobre. Panamá ha ostentado ser un país de recursos y en los pasados dos quinquenios (2009-2019) el presupuesto de inversión pública ha rondado los 60 mil millones de dólares. Si fuera cierto que el sobre costo de los proyectos llega al 20%, habría 12 mil millones escondidos en cuentas individuales que hoy permitirían enfrentar con solvencia la pandemia y el proceso de recuperación.

En síntesis, el modelo económico nos ha heredado un país con la segunda peor distribución personal del ingreso de América Latina y donde la distribución funcional del ingreso entre los factores productivos ha sido crecientemente regresiva contra los salarios y la capacidad de consumo de la gente, regresividad que no es relevante para su lógica que apuesta a la demanda externa. Ese modelo no es sostenible y puede conducir a una explosión social.

Pero el cambio hacia el otro Panamá más equitativo no se dará por inercia o generación espontánea. Es más, quienes sostienen el modelo imperante lucharán abierta o veladamente para que nada cambie o para maquillar las mismas propuestas de siempre. Por ello, todos los actores sociales y políticos responsables debemos actuar en la dirección del verdadero cambio. Y esa acción hacia el cambio debe comenzar YA.

Panamá ha tomado las medidas sanitarias esperadas en la coyuntura para contener la pandemia. Y las medidas de emergencia para enfrentar los rigores económicos y sociales de la crisis en general coinciden con la experiencia de otros países, en la línea de defender el consumo de las personas, proteger las fuentes de empleo y apuntalar las unidades productivas. Sin embargo, persisten dudas sobre la suficiencia de los recursos y la logística de distribución para asegurar la sobrevivencia de los más afectados, entre los que se cuenta más de la mitad de la fuerza de trabajo y sus familias (miles de nuevos desempleados sacrificados por la crisis, cerca de 700 mil trabajadores por cuenta propia paralizados desde hace más de un mes, 85 mil trabajadoras domésticas que no se pueden trasladar a sus trabajos y miles de jóvenes cuyas esperanzas laborales se desvanecen). Las bolsas de comida que no alcanzan para una semana y el bono por el equivalente al 26% del costo de la canasta básica ha provocado descontentos y reclamaciones en muchos sectores y comunidades. Frente a esta realidad, se debe revisar los criterios de asignación de los recursos y aprovechar la institucionalidad de las organizaciones sociales, incluyendo las empresas, sindicatos y asociaciones comunitarias para la entrega de la ayuda.

Hasta hace poco se había gestionado a nivel internacional aproximadamente 4,800 millones de dólares para enfrentar la crisis y a esa suma se agrega otros recursos provenientes del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) y del sistema bancario nacional para apuntalar el crédito. Se ha informado sobre los recursos asignados al sector agropecuario (150 millones) y a las PYMES (150 millones), sin embargo, se desconoce el monto asignado a la sobrevivencia de la gente.

En estos momentos no se puede conocer a ciencia cierta el impacto que tendrá la crisis pandémica sobre el empleo, debido a que la encuesta de empleo del INEC no es continua y la próxima se aplicará en agosto del año corriente. El FMI ha estimado de manera preliminar que el PIB de Panamá caería en -2% en 2020, aunque la caída podría ser aún mayor dependiendo de la duración de la crisis sanitaria, su comportamiento y el ritmo de normalización en la economía. Si la caída del PIB fuera entre -2% y -3% se podría perder entre 43 mil y 54 mil empleos netos y la tasa desempleo podría ubicarse entre el 11% y el 12% en agosto de 2020. El ajuste del mercado laboral se daría también con un deterioro en la calidad del empleo con un aumento importante del trabajo por cuenta propia (componente primario del sector informal) y un aumento del empleo informal en el sector formal de empresas (empleos sin contratos, con prestaciones recortadas o bajo subcontratación).

Para comenzar a enrumbar el camino hacia el “otro Panamá”, las medidas coyunturales y las iniciativas para el tránsito hacia la normalización y recuperación económica se deben articular a las políticas de largo aliento para avanzar hacia la VISION de ese Panamá renovado con desarrollo sostenible e incluyente. Esto lo sugiere la racionalidad de la planificación estratégica.

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Un plan de emergencia para la recuperación económica no es la suma de un conjunto de proyectos o iniciativas para “apagar los incendios” provocados por la crisis. Un plan de emergencia sólido debe definir claramente los objetivos, metas, programas y proyectos para la coyuntura y su relación con el corto, mediano y largo plazo. Y esta definición derivará en criterios de priorización para las intervenciones, teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias. Esto podría parecer evidente, sin embargo, si no se explicita no se logrará vislumbrar la coherencia de las intervenciones de política.

Si se habla de un programa de obras públicas con mano de obra intensiva, se debe ponderar, además de las necesidades inmediatas, la posibilidad de diversificar la economía, fortalecer la seguridad alimentaria y apuntalar la integración regional, priorizando proyectos de infraestructura que promuevan la productividad y el empleo en las provincias y contextos rurales, considerando actividades con potencialidad como la agricultura, la agroindustria, el turismo, defensa del medio ambiente, etc.

Ya hay un conjunto de megaobras presupuestadas para la modernización de la plataforma de servicios y para mejorar la movilidad interurbana (Fase 3 del Metro, cuarto puente sobre el Canal, autopistas de desalojo del flujo vehicular,etc.) y esos proyectos contribuirán a la recuperación del nivel de actividad y del empleo. Sin embargo, habrá que evaluar los nuevos proyectos de construcción a gran escala con criterios de sostenibilidad ambiental, que respondan a una demanda social o del sector productivo y que no se conviertan en obras de concreto depredadoras del medio ambiente, con evidentes sobrecostos y fuente de corrupción.

La elaboración de un plan de emergencia o de un programa de desarrollo no es sólo una tarea técnica de funcionarios y consultores. Es un proceso político – social que debe integrar a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de empleadores y trabajadores. Esta inclusión no debe ser para la consulta de un producto terminado, sino para la construcción colectiva de una propuesta para el cambio que nos concierne a todos.

Existe un camino trazado por el Plan Estratégico de Gobierno (julio 2019 – junio 2024) que debería ser internalizado por los diversos actores económicos y sociales para verificar su consistencia con las aspiraciones de cada sector y la sociedad en su conjunto. Constituye un plan ambicioso y alentador en sus propósitos y metas, cuyo cumplimiento dependerá de los criterios de asignación de recursos y otras medidas para lograr su viabilidad.

Un mensaje alentador es que en medio de la pandemia emergen oportunidades y acciones obligadas para el cambio. La sociedad y la gente común aquilata su sentido de responsabilidad y solidaridad con los más excluidos; valora las fuentes de trabajo y fortalece su capacidad de resiliencia frente a los riesgos y adversidades. El Estado, incluso por seguridad nacional, se ve obligado a cerrar las brechas de salud pública, tomando las decisiones y dedicando los recursos necesarios para integrar eficientemente los servicios de salud y construir en el corto plazo las instalaciones que se requieren con el equipo y personal necesario. El sector educación se ve obligado a renovarse tecnológicamente y el Estado ahora tiene la obligación de cerrar la brecha digital que excluye a miles de estudiantes de hogares menos favorecidos, aunque queda pendiente resolver los desafíos cualitativos y de valores en la educación. La sociedad en pleno valora en su justa dimensión la seguridad alimentaria y se impone la racionalidad de fortalecer a los productores nacionales.

Estamos ante una crisis global y las soluciones también deben tener un carácter global. Esto es válido tanto para la crisis sanitaria como la económica. Si bien se acepta que el mundo ha de cambiar, no todos los líderes internacionales ni algunos organismos multilaterales estarán dispuestos a un cambio real hacia un desarrollo sostenible con equidad, porque muchos seguirán ponderando prioritariamente el interés financiero y mercantil sobre el interés colectivo de la gente. Esto ha sido demostrado en otras crisis, cuando la “ayuda” financiera en favor sólo de los bancos, se ha convertido en una herramienta para arrancarle a los países concesiones regresivas respecto a los ingresos laborales, pensiones, derechos sociales y bienestar de la gente común.

Esta vulnerabilidad se refleja en la principal restricción que enfrentarán los países para financiar las políticas de desarrollo para el cambio: el escaso margen fiscal y el alto endeudamiento externo con la banca internacional. Lograr una moratoria en el pago de los intereses o el principal de esa deuda difícilmente se puede gestionar con éxito país por país. Ello merece una estrategia colectiva con algún liderazgo mundial que no parece existir. Ojalá Panamá se dispusiera con firmeza en un proyecto de esta naturaleza.

Adicionalmente, la estrechez fiscal se refuerza con un sistema tributario regresivo que se refleja en el hecho de que la carga impositiva en Panamá es una de las más bajas de Latinoamérica con base en impuestos indirectos y sobre los ingresos salariales. Ya en el último Foro de Davos (enero, 2020) la máxima expresión del empresariado del mundo subrayaba que “, para salvar el capitalismo, hay que arreglarlo” y que, además de la responsabilidad social, “hay que pagar impuestos justos.”

Si es verdad que el mundo será otro y Panamá entrará a otra época renovada tenemos que cambiar desde ya. Y eso no sólo depende de la dirigencia del Estado y sus Órganos, sino también de los ciudadanos y sus organizaciones de la sociedad civil, incluidos los gremios de empleadores y trabajadores. INICIEMOS YA UN DIÁLOGO CON RESULTADOS HACIA EL NUEVO PANAMA QUE TODOS ASPIRAMOS: UN PANAMÁ DEMOCRATICO, PRODUCTIVO, INCLUYENTE, CON DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUITATIVO.

Aracely De Gracia,                                                José Javier Rivera,

 Co Presidente Sindical                                 Co Presidente EmpresarialPanamá, 22 de abril, 2020


[1] NOTA TECNICA 16, a dirigentes empresariales, sindicales y profesionales del mundo del trabajo. Elaborada por Miguel Del Cid, Asesor General, Fundación del Trabajo. El contenido de las notas técnicas es responsabilidad exclusiva del autor y no compromete la posición de la Junta Directiva de la FUNTRAB. Colaboración de Horacio Barría en el procesamiento estadístico y estimaciones.

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