La ‘Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela’, una ley que pretende regular la política interna de este país, fue aprobada en diciembre de 2014. Esta legislación dejó las manos libres a la Administración Obama para aplicar medidas unilaterales dirigidas al bloqueo económico, financiero y comercial de Venezuela y, sobre todo, a “trabajar” con los miembros de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea en esta dirección. Más tarde, el efecto de dicha ley fue asegurado con la publicación del Decreto Obama.
La implementación de sanciones para ejercer una presión económica y, como resultado, política, no es nada nuevo para EEUU. Cuba, Irán, Rusia, Siria son algunos de los países atacados por las restricciones estadounidenses, tomadas unilateralmente. El área más afectada siempre es el sector económico y financiero.
Desde el año 2017, la nueva Administración Trump optó por aplicar medidas individuales contra cargos clave del Gobierno venezolano. El propio presidente Nicolás Maduro, como otros altos funcionarios, así como militares, civiles, personas o empresas calificados por EEUU como asociadas política o económicamente al aparato gubernamental son el blanco predilecto de estos ataques.
Un partidario del gobierno sostiene una pancarta con el símbolo universal de “No” sobre una caricatura del presidente estadounidense Donald Trump durante una manifestación antiimperialista, en Caracas, Venezuela, el 19 de septiembre de 2017.
Ingreso a EEUU
Se les prohíbe el ingreso al territorio de EEUU.
Activos financieros
Congelan e incautan sus activos financieros, así como las cuentas y los bienes que puedan tener estas personas en EEUU.
Relaciones comerciales
Estos altos cargos, en su mayoría la máxima autoridad de instituciones comerciales o políticas del país, no pueden tener relaciones comerciales o financieras con entidades estadounidenses, lo que obstaculiza la firma de convenios o de acuerdos comerciales.
Restricciones individuales
Restricciones individuales, que como las presenta el Gobierno norteamericano, automáticamente se extienden a los familiares de las personas sancionadas.
A partir del 2018, EEUU cambia el enfoque y prohíbe a las personas y a las entidades del sector financiero estadounidense realizar operaciones con los organismos gubernamentales de Venezuela.
