Los banqueros se quedan con la mitad de la producción del país

Novecientos cincuenta y cuatro mil millones de reales (US$ 585 mil millones). Ese es el valor total del presupuesto público que el gobierno va a destinar al pago de la deuda pública en el 2011. El valor corresponde a casi la mitad de todo el Presupuesto Federal (49,15%), cuya suma total es de R$ 1,940 billones (US$ 1,191 billones).

Todos los años el gobierno destina buena parte del presupuesto público para pagar cuotas e intereses de las deudas interna y externa. Y, cuanto más pagan los gobiernos, ellas más aumentan.

Desde el 2003 hasta el final del gobierno de Lula, fueron pagados cerca de R$ 2 billones (US$ 1,22 billones) de la deuda interna a los banqueros. Ese valor es muy superior al que fue pagado por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, de R$ 1,23 billones (US$ 0,755 trillones). Sin embargo, hoy la deuda interna sobrepasa los R$ 2 billones de reales. O sea, el gobierno pagó en intereses y amortizaciones un valor mayor de lo que es la propia deuda e, incluso así ella aumentó mucho.

Ya la deuda externa saltó de US$ 200 mil millones, a fines del 2009, a US$ 284 mil millones en mayo de 2011. Todos los años el gobierno hace una operación conocida como “refinanciamiento”, o sea, emite nuevos títulos de la deuda (con tasas de interés altísimas para atraer a los inversionistas) para el pago de títulos que están venciendo. Así, mantiene los intereses altos para seguir atrayendo capitales.

Solamente en esa operación de “aplazamiento” el gobierno va a gastar en este año R$ 674 mil millones (US$ 414 mil millones), según los cálculos de la Auditoría Ciudadana de la Deuda. De acuerdo con el informe mensual de la deuda del gobierno federal, sólo en el mes de junio, fueron gastados R$ 43,31 mil millones (US$ 26,58 mil millones) de “aplazamiento”.

Claro, todo ese dinero viene del presupuesto público, o sea, del dinero que sería destinado a educación, salud, reforma agraria, vivienda, cultura etc.

El pago de la deuda asume su dimensión dramática cuando comparamos los valores destinados a los banqueros con el presupuesto previsto para los servicios públicos.

Cuando un trabajador sufre con el caos de la salud pública en Brasil, necesita saber que el pago en intereses y amortizaciones y aplazamiento de la deuda hace que sean destinados apenas el 3,5% del presupuesto para salud. Los empleados públicos, que luchan contra el congelamiento de sus salarios, necesitan saber que los gastos en personal, siempre señalados como excesivos por la gran prensa, representan solamente el 10,29% del presupuesto, casi cinco veces menos de lo que es el pago a los banqueros. El jubilado, que tiene su pensión congelada, debe saber que el pago de la deuda representa 3,4 veces los gastos previstos para la Previsión Social. Los profesores, en huelga en varios estados, necesitan denunciar que los gastos de la deuda son 16,8 veces mayores de lo que todo el dinero para la educación en el 2011. Y los campesinos sin tierras, acampados en las veredas de las carreteras del país, a la intemperie, necesitan saber que el gasto de la deuda es 200 veces superior a todo el presupuesto destinado a la reforma agraria.

Pero, el dinero destinado a las áreas sociales puede sufrir una reducción aún mayor con la llamada “contingencia” de fondos. Eso significa que los valores previstos en el presupuesto pueden ser desviados al pago de la deuda. Una práctica que ya es bastante común. En el 2009, por ejemplo, el presupuesto federal no ejecutó buena parte de los gastos sociales, mientras que los gastos de la deuda fueron fuertemente aumentados a lo largo del año, llegando a nada menos que el 163% de los valores inicialmente programados, según la Auditoría Ciudadana de la Deuda.

Por lo tanto, el gobierno y la gran prensa mienten descaradamente cuando hablan que no tiene dinero para invertir en salud, educación, reforma agraria, reajustar las jubilaciones y los salarios de los servidores públicos. Hay dinero, sí. Pero la mitad del pastel va a los banqueros.

Un mito fue ampliamente divulgado durante el gobierno de Lula. Se trata de la farsa de que Brasil habría pagado la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. En realidad, la historia es bien diferente. La deuda no sólo continúa existiendo, sino que aumentó a 284 mil millones de dólares en mayo.

En los últimos años, el gobierno aumentó las llamadas “reservas internacionales”, escatimando un montón de recursos del gobierno en dólares para garantizar, en caso de ser necesario, el pago de la deuda externa. Esas reservas suman, actualmente, un valor semejante al de la deuda externa, y es eso lo que permite al gobierno decir que “pagó” la deuda.

La verdad es que se trata de un negocio

desfavorable a Brasil. Para garantizar esas reservas, el gobierno compró dólares, cambiando la deuda externa por la deuda interna. Consiguió dólares que están invertidos en títulos norteamericanos, rindiendo el 1 ó 2% al año. Y tiene que pagar la deuda interna con las tasas de interés pagados en Brasil, que son las mayores del mundo, cerca del 19,5% al año.

Las reservas internacionales no “preservan” a Brasil de ninguna crisis económica, como dice el gobierno. Eso es porque las inversiones especulativas en el país son muy superiores a las reservas. O sea, en caso que ocurra una fuga de capitales, esas reservas pueden reducirse en polvo con un vistazo.

La gran prensa y el gobierno afirman que es imposible romper con el pago de las deudas, pues eso llevaría al país al “caos”. Tal argumento es increíble. ¿En qué país es que vive la gran burguesía? Hoy el caos en Brasil es una dura realidad ya enfrentada por los trabajadores. Basta ver a diario, en las grandes ciudades, el “apagón” de los servicios públicos, como salud, educación y transporte, los bajos salarios y la explosión de la violencia.

Los trabajadores brasileños ya vivencian el verdadero caos, porque la mitad del presupuesto público está comprometido con el pago de las deudas. Por lo tanto, el argumento de que el fin del pago de las deudas provocaría el “caos” es un absurdo, y sirve apenas para defender las ganancias de los grandes bancos y el pago de la deuda.

El no pago de la deuda podría, ya en el 2011, posibilitar un avance de calidad en la solución de varios problemas sociales en Brasil, como vivienda, reforma agraria, educación y salud.

Un plan de obras públicas para la construcción de casas populares podría abarcar a los trabajadores desempleados del país, resolviendo dos problemas sociales conjuntamente. Serían necesarios cerca de siete millones de casas populares para resolver el déficit habitacional nacional. A un costo de R$ 12 mil (US$ 7.352) cada casa de dos cuartos, de acuerdo al estudio de la UFRGS (Universidad Federal de Río Grande del Sur), podrían ser construidas casas a un costo total de R$ 84 mil millones (US$ 52 mil millones).

Una reforma agraria real implica la expropiación de los latifundios, asociada a una inversión para financiar el asentamiento de los sin tierra. La Auditoría Ciudadana de la Deuda calcula en R$ 17,5 mil (US$ 10.720) el costo de ese asentamiento por familia, en caso que no se contabilice el costo de la tierra (que sería expropiada). Incluyendo 4,5 millones de familias sin tierra, tendríamos un gran proyecto real de reforma agraria, cualitativamente distinto del inmovilismo actual, y bajo control del propio movimiento. El costo de este proyecto, tan importante para el país, alcanzaría a R$ 78,5 mil millones (US$ 48,13 mil millones).

Es fundamental invertir en salud y educación. La reivindicación de las entidades de la educación (ANDES y ANEL) del 10% del PBI ya para la educación significarían R$ 367 mil millones (US$ 225 mil millones), o sea, seis veces lo destinado hoy (R$ 56 mil millones). Esa propuesta incluye la duplicación del presupuesto de las universidades públicas, y no el financiamiento actual de las universidades privadas. Además, un amplio plan de educación fundamental, que posibilite la elevación cultural de nuestro pueblo y la valorización de los profesores y empleados de las escuelas.

La reivindicación de los movimientos de salud del 6% del PBI, significaría R$ 220 mil millones, o sea, tres veces el presupuesto actual (R$ 68 mil millones). Eso posibilitaría una salud pública y de calidad para el pueblo, y no la vergüenza actual del enriquecimiento de los convenios particulares.

El costo total de la duplicación del presupuesto en educación y salud en los cuatro años sería de R$ 244 mil millones.

La suma de esas iniciativas, que atacarían de frente los problemas sociales del país, costaría cerca de R$ 650 mil millones, esto es, R$ 300 mil millones a menos de que los gastos del gobierno con el pago de la deuda en este año! Eso comprueba que no falta dinero, el problema es con quien queda ese dinero. Hoy, él queda con los banqueros y los grandes empresarios.

Traducción: Laura Sánchez