Ley 312 que protege a funcionarios en riesgo por el COVID-19

Vía: Telemetro

Teiga Castrellón • 23 Sep 2020 – 01:41 PM

El pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó a golpe de curul el proyecto de Ley 312 , que establece medidas para la protección de los servidores públicos en situaciones de riesgo por causa del COVID-19.

Este proyecto de ley que fue presentado por el diputado Edison Broce, contempla medidas transitorias excepcionales necesarias para la protección de la vida y la salud de los servidores públicos que sean adultos mayores de 60 arios, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas. 

En su artículo 2 establece que es de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Central y las entidades descentralizadas, descritas en la Ley 9 de 20 de junio 1994. Además señala que mientras dure la crisis nacional por causa del coronavirus (COVID-19), se decreta una dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo para los servidores públicos descritos en el artículo 1 de esta Ley. 

Esta norma explica que los funcionarios que serán protegidos deberán laborar bajo la modalidad de teletrabajo, a fin de evitar el contagio del COVID-19 con su asistencia a sus puestos de trabajos, y no podrán ser obligados a concurrir de manera personal.

Además detalla que al momento de ser sancionada como ley de la República, los servidores que estén yendo a sus puestos de trabajo deberán ser reasignados temporalmente en funciones acordes a la modalidad de teletrabajo. Para todos los efectos, el plazo de la dispensa se le computará como tiempo de servicio.

Este tiempo no se les podrá descontar de sus vacaciones, permisos personales, tiempo compensatorio ni de ninguna manera que afecte sus derechos laborales.

La ley establece excepciones para servidores públicos como el Presidente de la República y Vicepresidente; ministros y viceministros de Estado; diputados y suplentes; magistrados de la Corte Suprema de Justicia y suplentes; magistrados y jueces; alcaldes y vicealcaldes; representantes de corregimientos y suplentes; Procurador General de la Nación; agentes de instrucción del Ministerio Público; personeros municipales; Procurador de la Administración; Contralor General de la República y Subcontralor; directores y subdirectores de entidades descentralizadas; y en general aquellos que pertenezcan al nivel político y directivo de los niveles jerárquicos y funcionales de la Administración Pública.

El proyecto explica que una vez superada la pandemia el Gobierno tomará las medidas necesarias para que los servidores protegidos retornen a sus puestos.

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