Pese a todas las controversias respecto a las formas más sutiles, pero no menos efectivas, de la tutela del imperialismo estadounidense sobre el país; pese a todos los debates que ha generado la forma administrativa que ha adoptado la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en el título XIV de la Constitución y en la ley orgánica, y pese a las diferencias respecto al tema de la ampliación, en lo que sí hay acuerdo entre los panameños de todos los espectros es en los efectos positivos de la reversión del Canal sobre el conjunto del país y su economía. Se acallaron las voces reaccionarias que se oponían a la retirada de los estadounidenses, alegando que “la soberanía no se come”, pues se ha demostrado lo contrario.
Al momento de conmemorarse el primer siglo de funcionamiento del Canal, el país vive bajo un boom económico sustentado en la especulación inmobiliaria y en el alto endeudamiento público para financiar grandes obras. Esta prosperidad relativa encuentra gran parte de su fundamento en la reversión de la vía al Estado panameño. El Canal ha entregado miles de millones de dólares al erario que han servido para catapultar las inversiones públicas, a la vez que, aunque no se reconozca, sirve de garante en última instancia (de prenda) al crecimiento del endeudamiento estatal.
Desde la reversión en 2000 hasta 2013, su administración ha entregado entre aportes directos e indirectos más de $7,000 millones. Compárese esa cifra con los $1,877 millones aportados entre los años 1913 y 2000, cuando su administración estaba bajo custodia del Gobierno de Estados Unidos (EU). La relación desigual impuesta por el enclave colonial era todavía peor, ya que la mayor parte los $1,800 millones fueron posteriores a la firma de los tratados Torrijos–Carter de 1977.
Entre 1914 y 1970, Panamá solo había recibido de las operaciones $67 millones, mientras que la Armada de EU, gracias a los peajes no pagados, obtuvo ahorros superiores a los $20,000 millones de dólares.
En 2013, el aporte representó $981.8 millones. De ese total, $610.5 millones corresponden a excedentes de operación y $371.2 millones, a derechos por toneladas netas. Aportes adicionales indirectos (que incluyen salarios, impuestos y compras, entre otros renglones) suman otros $1,755.1 millones ese año. Según la ACP, al momento de conmemorarse el centenario del Canal de Panamá, laboran en la vía 10,098 trabajadores (98% panameños). La ampliación genera otros 32,000 empleos directos e indirectos. La ACP declara poseer activos por $9,429 millones, que generaron ingresos en 2013 por $2,411.3 millones contra gastos de operación de $733.8 millones, y una utilidad neta de $1,213.4 millones (50 centavos por cada dólar de ingreso).
El problema de fondo en este momento, es que la administración de la ACP, y de la burguesía panameña, se resiste a una integración de la vía acuática que resuelva los desequilibrios sociales y ambientales que hemos heredado del enclave estadounidense. De ahí la necesidad urgente de que los sectores sociales emergentes construyamos una nueva propuesta de país, en el que la zona de tránsito y el Canal estén en función del desarrollo sostenible de la colectividad panameña.
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