La Asamblea Nacional acaba de aprobar una Ley para contratar profesionales y técnicos de la salud extranjeros. Las razones que las autoridades de salud le han dado a la población es porque los mismos van a trabajar en las áreas de difícil acceso donde los nacionales no quieren ir; sin embargo, ni en el exposición de motivos con el que el Ministro de Salud, Dr. Javier Diaz presentó ante la Asamblea la precitada ley, ni en ningún artículo de la misma aparece que el objetivo sea ese. El artículo 8 señala que los médicos extranjeros se “asignaran prioritariamente en las poblaciones con grave o moderado déficit de oferta de los servicios de salud”. Lo que significa que una vez cumplido ese objetivo podrán laboran en cualquier hospital, policlínica o centro de salud del país. No podemos interpretar eta ley separada al acto de licitación pública que la CSS ha convocado para el 3 de octubre donde se le entregará al sector privado la administración de la ciudad hospitalaria por un periodo de 15 años. Este acto es violatorio del artículo 70 de la Ley 51 de 2005 que expresamente le prohíbe a la CSS externalizar (privatizar) algún servicio que ella puede proveer y en caso de que se encuentra imposibilitada está “obligada a acelerar los procesos que permitan eliminar lo más rápidamente posible la adquisición externa de dichos servicios”. Al externalizar los servicios que ella puede proveer y encima, por un periodo de 15 años, está violando doblemente la ley.
Digo que esa ley no puede interpretarse separada del acto licitatorio, porque una vez que las corporaciones privadas se haga cargo de la administración van a contratar a médicos pensando únicamente en el lucro y no en la calidad de la atención. Esto significa que van a contratar a profesionales y técnicos de la salud por destajo, es decir, por consultas médicas, operaciones, turnos, exámenes, etc. Los profesionales y técnicos de la salud panameños tendrán que competir con los médicos extranjeros por dichas plazas. Los médicos vienen a Panamá por tratarse de un país del área del dólar, una moneda fuerte. Vienen a buscar el dólar. De esto se derivan consecuencias peligrosas para la salud pública. ¿Por qué? Porque mientras que los proveedores de los servicios de salud nacionales reciben una preparación de alta calidad tanto en la Universidad Nacional como en la Universidades Privadas, y los hospitales públicos, tanto los de la CSS como los del Ministerio de Salud entrenan bajo supervisión a los especialistas, ¿quién nos puede garantizar que la formación de los médicos extranjeros tengan los mismos estándares de calidad? Nadie. En el artículo 4 de la ley se especifican los requisitos para la contratación de dichos médicos y, como es de esperar, en ninguno se exige que la calidad de la formación sea similar a la de los nacionales. Aquí pueden venir médicos procedentes de universidades rurales de cualquier país o de haber trabajado, igualmente, en hospitales no acreditados, lo que no es impedimento para su contratación. Resalta de inmediato que la calidad de atención de esos médicos no está garantizada. Ya tuvimos un problema con una ginecóloga venezolana que trabajaba en Penonomé que está acusada por homicidio culposo, en un caso de comprobada negligencia. ¿Garantiza el Estado que eso no se va a repetir? No. Lo que sí se ve claro es que los médicos extranjeros están dispuestos a recibir ingresos muy inferiores a los que reciben los nacionales o de obligar a estos a trabajar tres veces más para mantener los ingresos actuales. Por otra parte, el cobrar por destajo se traduce en que la cantidad de pacientes atendidos y no la calidad es la que determina el ingreso. Entre más pacientes se atiendan los ingresos serán mayores. A los médicos se les presenta una coyuntura ética: o veo más pacientes y llevo la comida a casa o los veo bien, con calma, en cuyo caso el ingreso es deficiente. Entonces, viendo con la óptica que queramos, la población será la gran perdedora. No hay ninguna garantía de que los médicos extranjeros le den una atención de calidad, y el trabajo a destajo hará, a la larga, que tampoco se les brinde la atención que reciben en la actualidad.
Por otra parte, ¿se han preocupado las autoridades de salud en disminuir la prevalencia de las enfermedades en Panamá? No. La gente se enferma porque no come (en Panamá hay medio millón de personas que no les alcanza el dinero para comer) o come alimentos tóxicos. ¿Han iniciado las autoridades de salud alguna campaña masiva para orientar los buenos hábitos dietéticos a la población? No. La gente se enferma por el estrés crónico: porque no tiene que comer, por el trabajo, por el transporte, por la inseguridad, etc. La gente se enferma por vivir en un ambiente cada vez más contaminado. ¿Qué medidas han iniciado las autoridades de salud para disminuir los daños ambientales? Ninguna. Por otra parte, ¿se ha organizado la CSS y el MINSA para ofrecerle a la población un nuevo modelo de atención y gestión, basado en el médico de cabecera? No.
Como profesional de la medicina y como panameño les solito a las autoridades de salud que retiren la recién aprobada ley y que suspenda el acto público del próximo 3 de octubre. La población exige que se le atienda, pero que se le atienda bien.
fuente: Mauro Zuñiga
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