El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- por haber violado sistemáticamente, durante el año 2002, los derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín en el marco de las intervenciones militares Operación Mariscal y Operación Orión. La Corte le ordenó al Estado la realización de un acto público de perdón, con ocasión de la condena por el asesinato de la defensora de DDHH Ana Teresa Yarce y la detención ilegal y desplazamiento de otras cuatro lideresas comunitarias.
La CIDH condenó por primera vez a Colombia por violaciones de derechos humanos cometidas contra mujeres lideresas comunitarias y defensoras de derechos humanos, además es la primera condena internacional por los hechos ocurridos en la comuna 13 de Medellín durante las mencionadas operaciones militares.
De acuerdo a un comunicado del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos -GIDH- en la sentencia la Corte consideró “que todos los hechos de violencia cometidos contra las cinco mujeres, se dieron por su condición de lideresas comunitarias y en un contexto de violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos que se tradujo en una situación de riesgo para ellas, sin que el Estado hubiera hecho algo para evitarlo”.
Así mismo, María Victoria Fallon, abogada y directora del GIDH, destacó que “la sentencia analiza la situación de la comuna 13, así como el contexto de riesgo para las defensoras de los derechos de las mujeres en Colombia; y el desplazamiento forzado y su impacto especifico en las mujeres. Es la primera vez que un tribunal internacional analiza este contexto y sus consecuencias para las mujeres defensoras de derechos humanos. Es ese sentido, esta sentencia constituye la primera condena internacional por el asesinato de una lideresa defensora de derechos humanos y otorga responsabilidad por la violación a la Convención de Belem Do pará”, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
El Estado faltó a su obligación de garantizar la vida e integridad de la lideresa Ana Teresa Yarce y violó los derechos a la libertad, la integridad y la libre Asociación de las lideresas Socorro Mosquera, Mery Naranjo, Luz Dary Ospina y Miriam Rúa, pues no les garantizó los medios necesarios para que como integrantes de distintas organizaciones sociales y comunitarias pudieran realizar libremente sus actividades como defensoras de derechos humanos.
En palabras de Patricia Fuenmayor, integrante del GIDH “la sentencia de la Corte IDH llega en un momento histórico para Colombia, en su sueño de construir la Paz, pues reconoce las consecuencias nefastas y los daños particulares que ha generado el conflicto colombiano para las mujeres defensoras de derechos humanos, y le da la oportunidad de reparar integralmente a estas mujeres y que este sea el mejor camino de reconciliación”.
Antecedentes
El 29 de mayo de 2002, con el pretexto de pacificar la Comuna 13 de Medellín, el gobierno nacional y local llevaron a cabo la Operación Mariscal, la cual reunió 900 hombres de la fuerza pública y dejó como resultado la muerte de nueve civiles (entre ellos cuatro niños), 37 heridos y 50 detenciones arbitrarias. Ante esta arremetida militar, la comunidad salió a marchar con banderas blancas, acompañada de la prensa y diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, por lo que el ejército tuvo que detener sus acciones.
Cuando el expresidente Álvaro Uribe tomó posesión en la Casa de Nariño, ordenó inmediatamente retomar las acciones militares en la Comuna 13 como uno de los componentes de su dura Seguridad Democrática. Así que el 16 de octubre de ese año, cinco batallones de la IV Brigada, el Grupo de Fuerzas Especiales Urbanas -FUDRA-, el batallón contraguerrillero del ejército, efectivos de la policía metropolitana y de la policía de Antioquia, con el apoyo del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- y los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, liderados por Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, comenzaron la Operación Orión. Asesinatos, secuestros, torturas, desplazamiento forzado, violencia sexual, desapariciones y la fosa común más grande del continente son solo algunos de los crímenes cometidos por las fuerzas estatales militares durante su intervención en la Comuna 13.
CI DM/DM/11/1/17/14:23
Tomado de Colombia Informa
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