La ciudadanía panameña fue testigo de las bravuconadas y el bajo comportamiento de los partidos políticos y sus dirigentes con motivo de la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional de Diputados. Además, muchos vieron las reacciones del presidente de la República, Ricardo Martinelli, quien le faltó el respeto al pueblo panameño. Esta conducta es producto de la codicia desenfrenada de quienes gobiernan y sus asociados. Todas las iniciativas de gobierno, sin excepción, parecen reducirse a los enormes negocios que están endeudando a varias generaciones futuras de panameños.Abiertamente, el presidente, diputados, ministros y otros altos dirigentes políticos se esfuerzan por informar a todos como el país se ha abierto a cualquier tipo de negocio – lícito o ilícito – para beneficio de unos pocos empresarios situados en posiciones de privilegio. En apenas dos años de gobierno, el país ha visto crecer la deuda externa en un 20 por ciento. Si se sigue a este ritmo, en 2014, la deuda habrá crecido a 15 mil millones.
El presidente y su consejo de ministros saben que el endeudamiento es sólo posible porque el país tiene un colateral insustituible: el Canal de Panamá.
Las financieras extranjeras que le hacen préstamos al gobierno de Panamá no están muy preocupados sobre la viabilidad de los proyectos: cintas costeras, edificios Tuza, costanera playera, Metro (tren), aeropuerto en Río Hato, minas o hidroeléctricas. Saben que más temprano que tarde estallará la burbuja inmobiliaria y el ciclo de crecimiento especulativo se detendrá y todos los proyectos se paralizarán. No habrá más ingresos para realizar el pago anual de la deuda externa (presupuestada en 2011 en 1,400 millones de dólares). ¿Cómo se paga? En la mente de los gobernantes actuales, está el Canal de Panamá. Mientras el país se hunde, ellos buscarán un cómodo refugio político en Miami u otro país que recibe millonarios que se han convertido en billonarios.
Ninguno de los proyectos mencionados más arriba responde a las necesidades de desarrollo nacional. Son proyectos que redundarán en el enriquecimiento de unos pocos. Las áreas productivas que deberían estar recibiendo la prioridad del gobierno, han sido abandonadas totalmente. El sector agropecuario está decreciendo a un ritmo equivalente al uno por ciento anual desde hace cinco años. Esta realidad genera más pobreza y desigualdad. Sin embargo, entre los empresarios, por ejemplo, los arroceros aparentan no preocuparse: se han convertido en importadores de granos.
El sector industrial es otro ejemplo triste de la incapacidad de los políticos y los empresarios que sólo piensan en unos pocos dólares más. La industria panameña está estancada desde hace 10 años, con un crecimiento igual a cero. Más aún, las industrias nacionales subvencionadas por los contribuyentes durante los últimos cincuenta años han sido vendidas una tras otra a trasnacionales. Pronto Wall Street decidirá si las mantienen funcionando o despedirán a todos los trabajadores. Recién se vendió Café Durán, que siguió a Galletas Pascual, la industria lechera Estrella Azul y las cervecerías Nacional y Barú, para mencionar unas pocas.
Los industriales, con sus nuevos socios extranjeros, presentaron un proyecto de ley para bajar los niveles de control de los deshechos de sus plantas procesadoras, especialmente en la ciudad de Panamá. ¿A qué responde esta iniciativa? Los redactores del proyecto de ley señalan – sin vergüenza alguna – que la medida les permitirá a los industriales hacer más ganancias. Mientras ellos ganan más dinero, los niños, mujeres y toda la población verá su calidad de vida (agua, aire y suelo) deteriorada.
Algo parecido ocurre en el Ministerio de Salud. Cuando alguien plantea la necesidad de resolver un problema se dice que la solución es muy cara. O en el Ministerio de Educación que asegura que las deserciones escolares o el mal pago de los docentes es parte de la ¿idiosincrasia? de los panameños.
Durante los últimos 20 años los gobiernos panameños privatizaron todas las empresas públicas que eran rentables. Las empresas que arrojaban pérdidas sólo podían ser privatizadas si el gobierno (con los impuestos de los panameños) lo subvencionaba. Es decir, se convertían en rentables si se hacían transferencias de los fondos públicos a los empresarios favorecidos.
Para superar este obstáculo y seguir saqueando el país, esta semana el gobierno introdujo un novel proyecto de ley para crear la figura de la Asociación Pública – Privada. Si un político-empresario tiene en vista un buen negocio – pero no es rentable – propone crear una asociación pública privada para que el gobierno ponga el capital. El proyecto de ley especifica que el gobierno asume todos los riesgos y la empresa se beneficia con toda la ganancia.
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Muy bueno el analisis, es la verdad de lo que sucede, de lo que están haciendo contra el país.
Recomiendo simpre colocar el nombre del autor del escrito, en este caso : MARCO A. GANDASEGUI, HIJO