A pesar de que los mandamientos de la ley de Dios son solo 10, y que ellos han sido suficientes para normar el comportamiento de la humanidad durante siglos, los latinoamericanos no hemos aprendido que la abundancia de leyes y su nutrido contenido de artículos no ofrecen las garantías de una influencia efectiva en la sociedad para imponer orden y promover armonía; y los políticos insisten en discutir y aprobar tratados interminables de regulaciones inútiles.
Fueron suficientes dos lajas de piedra para grabar el decálogo que ha condicionado la conducta humana, y fundamentado toda la política de derechos y deberes que se ha ido construyendo a lo largo de la historia más reciente, entre ellos la que ahora las Naciones Unidas adopta como parte de su agenda. No se necesitaron constituciones voluminosas, ni interminables capítulos de leyes, ni abultados decretos.
Cuando diseñamos una ley, los latinoamericanos padecemos de lo que puede diagnosticarse como reglamentitis aguda. Pretendemos abarcar en su contenido toda manifestación posible de comportamiento frente a variadas situaciones que tienen que ver con la actividad que se trata de regular, y para ello incluimos en la norma una larga lista de artículos que tratan en vano de encerrar la actuación humana, como si los gobernados no tuviéramos la capacidad de evadirlos por alguna rendija que los propios autores dejan para su interpretación.
La reglamentitis ha sido el fruto de una costumbre colonial que ha seguido acompañando nuestro actuar en materia administrativa, a partir de la actividad vinculada al gobierno y al comercio de los conquistadores, que pretendía controlar desde ultramar a los funcionarios enviados por la corona a sus territorios, mediante una compleja y detallada red de normas minuciosamente elaboradas. Desde entonces, con la ayuda de los especialistas en leyes, continuamos enmarañando un tejido legal que se hace cada vez más difícil de desenredar y aplicar.
En el vértice de la pirámide del marco jurídico está nuestra Constitución y bajo ella siguen los decretos y las resoluciones con políticas entrelazadas, y con frecuencia contrapuestas, como si no existiera una jerarquía jurídica que ordena o escalona las normas para que las de rango inferior no puedan contradecir ni vulnerar lo establecido por las de rango superior.
Sin embargo, en Panamá tenemos resoluciones que contradicen decretos, decretos que contradicen leyes, y leyes que contradicen la norma constitucional. Además, muchas de estas contradicciones inundan de demandas la Corte Suprema de Justicia, en busca de interpretaciones que generan sentencias para añadir más pasadizos al laberinto legal con su jurisprudencia, lo que crea traslapes, lagunas y duplicaciones, promoción de conflictos, diluyendo responsabilidades por la evidente indefinición de roles que sugiere.
Ha sido tal la torre de Babel construida que no hay forma de subsistir en la sociedad civil o comercial de hoy sin el acompañamiento de abogados que aconsejen caminos para transitar, de manera segura, frente a esta congestión reglamentaria. Así en Panamá tenemos más de 16 mil idoneidades expedidas a juristas, lo que significa un abogado por cada 234 habitantes, y seguimos graduando a un ritmo de dos abogados por día.
En el área de la educación encontramos buenos ejemplos que contribuyen a fortalecer esta cultura del reglamento que ahoga toda iniciativa innovadora. La escuela, en lugar de insistir en desarrollar los valores que condicionan el comportamiento humano, dando un sólido fundamento a cualquier acción justa aun no prevista, lo que hace es promover el literal e irracional respeto ortodoxo a los cánones, a menudo contradictorios. Hoy en día es más grave asistir a la escuela sin las medias del uniforme, que demostrar en el aula una actitud de acoso hacia los compañeros, y hasta las frecuentes preguntas del joven inquieto sirven para descalificarlo frente al grupo, utilizando algún artículo del reglamento que castiga la supuesta promoción del desorden.
En la reglamentitis reside el clásico conflicto que enfrenta la institucionalidad a la gobernanza en el sector educativo, generando confrontaciones entre los principales actores del sistema. Como decía el insigne educador Francisco Céspedes en su obra La educación en Panamá, nuestro legado histórico en 1903 incluye “una rica legislación, en gran parte inaplicable, sobre los diferentes aspectos de la educación”. Solo en legislación aplicada a los docentes, la página web del ministerio lista 83 títulos entre leyes, decretos y resueltos, lo que obliga al educador a llevar bajo el brazo docenas de reglamentos para defender sus derechos y conocer sus obligaciones.
La maraña legal misma promueve su violación como escape de salvación, dando espacio al desarrollo del pernicioso “juega vivo” ante las exigencias en el cumplimiento de una ley absurda. Por ello, hay leyes que se cumplen, leyes que no se cumplen y leyes que se cumplen a medias, sujetas a la discrecionalidad política del momento, lo que contribuye a la inseguridad jurídica en la que actúan los protagonistas, obligados a promover la influencia sobre las autoridades para tener una decisión favorable.
Es en la escuela donde comenzamos a proponer el reemplazo de la norma social incubada en el hogar, por la norma jurídica con el establecimiento de los reglamentos escritos y el abandono de la promoción de los valores, costumbre que es sustituida por la imposición de códigos disciplinarios más enfocados en la represión que en la prevención. La inoperancia de este enfoque se evidencia en la multiplicación casi exponencial de la violencia, la droga y los embarazos precoces en el ámbito escolar.
El mejor antídoto para la reglamentitis es una buena educación en valores ciudadanos, tema en el que la escuela ha mostrado su debilidad. Los hábitos que se califican en el boletín nada tienen que ver con el desarrollo de las competencias llamadas no cognitivas, y sus evaluaciones no están orientadas a proponer formas de comportamiento adecuadas frente a la sociedad en donde los estudiantes deben desarrollarse como personas. La fórmula para una sociedad más sana, libre de reglamentitis es: más educación y menos leyes, más docentes consagrados y menos abogados pícaros. Ya hace más de 500 años Pitágoras dijo: “Educa niños y no castigarás adultos”.
