El gobierno de Ricardo Martinelli, tal como lo advertimos antes de que asumiera el poder en el 2009, sería una amenaza a la libertad y los derechos sindicales e igualmente el derecho que le asiste a los ciudadanos de esta nación, cosa en que acertamos sin equivocarnos. Una vez que asumió, atacó al sindicalismo como organizaciones enemigas, según sus planes eramos los potenciales opositores y atacaron para neutralizarnos, algo que no pudieron lograr, por eso, nos levantaron acusaciones de mal uso de los recursos de formación sindical.Ante eso, le dimos la pelea nacional e internacional, en ambos terrenos ganamos, en el campo internacional logramos importantes destacamentos del sindicalismo mundial y la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha participado de una forma u otra en nuestra batallas nacionales.
Por eso, pudimos aislar a Ricardo Marinelli en la sede de la OIT, en Ginebra, en pleno discurso y a su vez Panamá, apareció en la lista de los países que reiteradamente violan los derechos sindicales. Las misiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se han hecho presente en nuestro suelo.
En lo nacional, hemos realizado encuentros sindicales nacionales, en Mañanitas y en la Universidad de Panamá, en el cual existe una agenda por cumplir. Nuestra Participación en equipo CONATO-CONUSI en la OIT ha sido excelente.
La exministra Alma Cortez, impuso con la autoridad del Presidente que se reabriera el caso después que se había decretado un sobreseimiento por la fiscal, todo esto a causa de desplante que se hizo en Ginebra.
Posteriormente, la exministra de trabajo intento presentar un desistimiento y no se le permitió la Jueza señalando que es el Consejo de Gabinete quien tiene esa facultad. El gobierno actual de Juan Carlos Varela, lo ha presentado mediante resolución y aprobación del Gabinete manifestando persecusión política.
Los enemigos del sindicalismo y de la democracia han iniciado un ataque utilizando lo medios de propiedad del Señor Martinelli y además anti sindicalistas de todas las afiliaciones incluso del partido PRD han elevado aullido pidiendo que seamos juzgados bajo la tesis que se debe aclarar si hubo o no, mal uso de los recursos.
Dado a que, los recursos que el Estado otorga a las organizaciones sindicales provienen directamente del salario de todos los trabajadores del país, en donde son depositados a la cuenta del Estado por las Empresas, para posteriormente entregarse a las distintas centrales obreras, por ende, no debe considerarse como fondos del Estado propiamente.
Ahora, toca esperar a la decisión del Juzgado Décimo del Circuito Penal, para que haga en firme el desistimiento presentado por el Gabinete, para así decretar el sobreseimiento definitivo de la querella presentada. Pero hasta ahora, seguirán firmando la medida cautelar a la que se les impusieron a los 9 secretarios generales, esperando que termine toda esta patraña montada para desprestigiar al movimiento sindical panameño y solo pedimos que se cumplan con las normas y las leyes y que no sean para perseguir a ciudadanos, entidades u organizaciones que solo tienen la intensión de defender el derecho de todos los ciudadanos del país.
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