El individualismo contra la solidaridad

El carácter concentrante y excluyente del modelo transitista – extractivista ha significado la exclusión de muchos trabajadores del programa de IVM, limitando de esta manera su participación como cotizantes del mismo.

Por: Juan Jované

En las últimas semanas se ha desatado una virulenta campaña contra lo que queda de solidaridad dentro del programa de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la CSS. La misma tiene entre sus voceros más estridentes a empresarios vinculados al sector financiero, algunos de ellos miembros de la Fundación Libertad, así como a altos funcionarios de la CSS relacionados con los organismos financieros internacionales.

La campaña está dirigida, en primer lugar, a ocultar el origen del problema. Se obvia señalar que el mismo surge del contenido de la Ley No. 51 del 27 de diciembre de 2005, la cual rompió con el pacto social intergeneracional. Esta, al llevarse a partir de 2008 a todos los nuevos inscritos en el Seguro Social a un nuevo sistema centrado en cuentas individuales con un fondo separado, dejó a todos aquellos que quedaron en el sistema solidario sin un respaldo financiero para sus pensiones.

Ello se dio en un contexto en el que, además, los que hoy se rasgan las vestiduras no generaron ninguna alternativa que financiara la atención de las pensiones de la última generación del llamado subsistema exclusivo de beneficio definido (SEBD). La desesperación por establecer las cuentas individuales los llevó a ocultar este enorme costo de transición.

No se trató, entonces, de un simple error, fue un plan preconcebido para satisfacer sus mezquinos intereses. Si se tiene en cuenta que a finales de 2007 la CSS contaba con 852,579 cotizantes activos, de los que la inmensa mayoría quedó vinculada al subsistema solidario, es posible tener una idea del alto costo humano que hacia el futuro significó la imposición de la Ley 51.

En estas condiciones los promotores de la campaña contra la solidaridad se vieron obligados a seguir encontrando otros supuestos culpables, elemento típico de los discursos demagógicos – autoritarios (la metodología de Goebbels). El elemento más ridículo en esta búsqueda se encuentra en el contenido del discurso de un muy alto funcionario de la CSS, en el que al referirse al programa de IVM asegura que “es insostenible continuar con un sistema donde no entran cotizantes, sino beneficiarios”.

Cualquiera que haya leído la Ley Orgánica de la CSS entiende que las prestaciones de salud de los beneficiarios se pagan con la cuota del programa de Enfermedad y Maternidad, por lo que ni un solo centavo de las cuotas del programa de IVM se gasta en estas prestaciones. No es raro que estas declaraciones provengan del mismo funcionario que luego de reconocer que la vuelta al sistema solidario generaría una ventana de 20 años, en una muestra de ineptitud no haya señalado que existen diversas medidas complementarias que se podrían utilizar para darle estabilidad al sistema

El modelo concentrante y excluyente

Dada la formación profesional tanto del vocero de los empleadores, así como la del alto funcionario de la CSS, llama la atención que estos hayan optado por no decir ni una sola palabra sobre la vinculación entre los problemas de la seguridad social y el estilo de crecimiento de la economía panameña. Esta es una omisión importante debido a que el carácter concentrante y excluyente del modelo transitista – extractivista ha significado la exclusión de muchos trabajadores del programa de IVM, limitando de esta manera su participación como cotizantes del mismo.

Para lograr una idea de la magnitud de esta problemática resulta útil establecer un indicador del nivel de precariedad laboral existente en Panamá. Si se tienen en cuenta los diversos tipos de trabajadores con algún grado de precariedad, entre los que se encuentran los desocupados, los informales de las actividades no agropecuarias, así como los trabajadores de tiempo parcial y subocupados del sector agropecuario, se observa que los mismos, según cifras oficiales, alcanzaron en agosto de 2019 un total equivalente al 53,1% de la Población Económicamente Activa.

“No se trata de ‘errores inocentes’. Estamos frente a un sector social que no tiene escrúpulos para impulsar sus intereses. Esto los lleva no solo a promover las cuentas individuales”.

Los actores de la campaña contra la solidaridad también guardan un notable silencio sobre otro rasgo del estilo de crecimiento de la economía panameña, que al igual que el anterior afecta significativamente las recaudaciones del programa de IVM. Se trata del hecho de que entre 2007 y 2017 la participación de las remuneraciones de los asalariados se redujo del 32,0% PIB a tan solo el 25,6%, estrechando cada vez más la base de recaudación de las cuotas destinadas a este programa. Es interesante, en las condiciones de dificultad financiera que tiene la CSS, señalar que si se lograra volver a la distribución del PIB observada en 2017, la captación potencial de cuotas del programa de IVM se elevaría en aproximadamente un 44,1%.

La evasión

Como era de esperarse ni el representante de los empleadores y el alto funcionario de la CSS, cuyos intereses coinciden plenamente con los de la patronal, ni siquiera mencionaron el problema de la evasión de las cuotas de la seguridad social, pese al efecto negativo de esto sobre las finanzas del programa de IVM. Se trata de un problema importante. Es así como, de acuerdo con datos de la Cepal, en 2018 cerca del 22,5% de los asalariados del país, debido a la violación de la ley por parte de sus empleadores, no están inscritos en la CSS. Incluso en el quinto quintil de los asalariados, es decir el que contiene a los de mayores remuneraciones, ese año se observó un nivel de evasión de 10,6%. Es escandaloso que en agosto de 2019 se contabilizaron 93,221 trabajadores de las empresas formales cuyos empleadores los evadieron de la CSS (informales del sector formal)

La estrategia privatizadora

La campaña contra la solidaridad, en tercer lugar, está dirigida a introducir la idea de que se debe hacer migrar a todos los asegurados a las cuentas individuales, eliminando definitivamente todo vestigio de solidaridad. La voz cantante, en este caso, la lleva uno de los creadores de la Ley 51. Su argumento más inteligente es que hablar en favor de la solidaridad “es echarle agua a la sopa” (seguramente se refiere al agua del río).

Este personaje olvida que la Ley 51, de la cual es uno de sus mentores, se levantó sobre falsos supuestos, entre los que, para dar un ejemplo, se supuso un lento crecimiento de los nuevos cotizantes, en condiciones que para 2019 su estimación se alejó en 39,2% de la realidad. ¿Qué clase de economista comete este “error”?

No se trata de “errores inocentes”. Estamos frente a un sector social que no tiene escrúpulos para impulsar sus intereses. Esto los lleva no solo a promover las cuentas individuales. También quieren administrarlas privadamente con fines de lucro. En el caso de Chile, por ejemplo, cada trabajador debe pagar mensualmente a los administradores privados el 3% de sus salarios. Además, el manejo de estos fondos les daría un amplio margen para especular riesgosamente con los fondos de los asegurados.

Es fundamental enfrentar la campaña contra la solidaridad, develando sus falsos e interesados argumentos.

El autor es economista y profesor emérito de la Universidad de Panamá

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