Más que la creación de nuevos puestos laborales y mayor bienestar social, la entrega de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) a los corporativos trasnacionales está provocando la pérdida de miles de empleos y la devastación de las regiones petroleras del país, que durante varios decenios dependieron de la industria petrolera.
Estas desastrosas consecuencias derivaron tanto de la reforma constitucional que en materia energética promulgó el presidente Enrique Peña Nieto el 20 de diciembre de 2013, como de la incipiente aplicación de sus leyes secundarias a partir del 11 de agosto de 2014. Sólo al inicio de este año, la cancelación definitiva de 10 mil 553 plazas en Pémex provocó el despido de igual número de trabajadores.
Según estimaciones de analistas del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), organización independiente formada por profesionistas exmiembros de la otrora empresa paraestatal, a la fecha se han cancelado por lo menos 22 mil puestos laborales, sumados despidos directos y jubilaciones forzadas.
El senador perredista Luis Sánchez estima que en 2018 el número de cancelaciones de puestos de la plantilla general de Pémex llegará a 70 mil, cifra que representa más de 45 por ciento de los 153 mil trabajadores entre obreros, administrativos y profesionales que la paraestatal tenía antes de la reforma, aunque cálculos extraoficiales aseguran que la reducción llegará a 50 mil trabajadores a finales del sexenio.
El ingeniero Moisés Flores Salmerón, dirigente del Sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), representación laboral independiente que aglutina a trabajadores petroleros de las cuatro áreas laborales, dijo a Buzos de la Noticia que el despido de trabajadores manuales, técnicos, administrativos y profesionales ha afectado hasta ahora a poco más de 20 mil titulares de plazas “permanentes”, aunque la cifra total llegará a no menos de 45 mil en los próximos meses, mientras se van ejecutando nuevas licitaciones y las empresas trasnacionales van asumiendo el control de más instalaciones de la petrolera que antes perteneció a la Nación.
Flores destacó que los trabajadores despedidos no son contratados en masa por los corporativos trasnacionales, cuyos gerentes están buscando personal mediante contratos individuales y temporales a través de empresas terciarias (outsourcing), mediante el pago de ínfimos salarios y sin prestaciones.
A la pérdida de empleos de estos trabajadores, deberá sumarse el demoledor impacto económico y social que sobrevendrá contra las ciudades y poblaciones aledañas a las instalaciones de Pémex en estados petroleros como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche –entre ellas Ciudad Madero, Poza Rica, Coatzacoalcos, Minatitlán, Ciudad del Carmen, entre otras– que durante décadas crecieron y se desarrollaron gracias a la derrama generada por la actividad petrolera.
“No sólo perjudica a trabajadores, sino a la sociedad en general. Por ejemplo, en Cuichopa, Veracruz, el pueblo vivía del gasto de los petroleros, por quienes había circulante.
Entonces este pueblo se va a convertir en un pueblo fantasma, y así se va a perjudicar a la población de muchos otros lugares. Están desmantelando las economías locales. ¿Qué va pasar con Poza Rica, Minatitlán o Ciudad del Carmen?
Acabarán con pequeños talleres, comercios, venta de alimentos, transportes y con toda la infraestructura creada para los trabajadores, quienes hacían funcionar las instalaciones de Pemex”, resaltó a esta revista el ingeniero Mario Galicia Yépez, coordinador del CEE y miembro del UNTyPP y del Frente de Trabajadores de la Energía (FTE).
fuente: la crónica de chihuahua.
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