Declaración Pública

Las FARC-EP lamentamos profundamente el trágico desenlace del demencial intento de rescate ordenado por el gobierno colombiano  el día 26 de noviembre en el departamento del Caquetá. Al tiempo que extendemos nuestro sentimiento de pesar a las familias del sargento Libio José Martínez, el coronel Edgar Yezid Duarte, el mayor Elkin Hernández y el intendente Álvaro Moreno, denunciamos ante la opinión nacional y mundial que tal hecho obedeció al afán del Presidente Santos y el alto mando militar por impedir su inminente liberación unilateral.

La senadora Piedad Córdoba y el prestante grupo de personalidades femeninas de todo el mundo que nos lo solicitara así en misiva que se hizo pública y fue recibida por nosotros en agosto de 2011, podrán dar fe de la respuesta afirmativa a su petición en carta cuyo contenido ya había sido aprobado por el Secretariado en vida del Camarada Alfonso Cano y anexamos a la presente.  La necesaria discreción que los contactos encaminados a posibilitar materialmente esa entrega, fue acompañada de la orden de traslado de los prisioneros de guerra al posible sitio que se indicaría en su momento. La comunicación pública estaba a punto de producirse.

La muerte en combate del Camarada Alfonso Cano no podía frustrar nuestro propósito de propiciar la concreción de un acuerdo de canje de prisioneros de guerra, tal y como él lo concebía. Correos en ese sentido reposaban en los archivos tomados por el Ejército tras dicha operación.  Es evidente que tras hacerse a la información, el gobierno nacional y el alto mando militar tomaron la determinación de frustrar la gestión humanitaria y sus posibles efectos. Los resultados están a la vista.  El alud de imputaciones contra nosotros no basta para encubrir la felonía de Juan Manuel Santos.

Catorce años no fueron suficientes para que la oligarquía colombiana se condoliera un instante por la suerte de los soldados y policías que entregan su vida, su integridad o su libertad por defenderles sus inmensas fortunas. Cerca de ochocientos guerrilleros revolucionarios y más de siete mil quinientos luchadores sociales, son sometidos a infamantes tratos en las mazmorras del régimen y del imperio. Dialogar sobre un acuerdo que permita el canje de prisioneros y abra las compuertas a la paz es una necesidad histórica por la que clama Colombia.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia, 28 de noviembre de 2011

CARTA ABIERTA

Piedad Córdoba

Colombianas y colombianos por la paz, Lucía Topolanski Senadora de Uruguay, Jody Williams Premio Nobel de Paz 1997,

Elena Poniatowska Amor Escritora mexicana, Alice Williams Escritora afroamericana y feminista. Premio Pulitzer a la obra de ficción en 1983 por la novela El color púrpura, Mirta Baravalle Presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo, Isabel Allende Escritora y Senadora Chilena,  Danielle Miterrand Francia, Rigoberta Menchú Premio Nobel de Paz, Socorro Gómez Presidenta del Consejo Mundial por la Paz, Hermana Elsie Mongue, Ángela Jeira

A nombre del Secretariado de las FARC-EP, a ustedes amigas de la paz y de la solución política de los conflictos, nuestro saludo cordial.

Aferrados a la esperanza de que la liberación de prisioneros de guerra, como resultado de un acuerdo entre las partes contendientes, puede encausar la nación  hacia el raudal de la solución política, respondemos hoy su misiva de agosto.

De acuerdo. El conflicto armado colombiano tiene profundas causas sociales, económicas y políticas, que deben ser temas de discusión para su superación definitiva. Compartimos igualmente que la paz de Colombia está ligada a la paz de la región y que, además, es anhelo universal. No permitiremos que se nos escape esta oportunidad para reiterar a través de ustedes, nuestra disposición de dialogar con el Estado, de cara al país, con miras a un futuro de paz. Desde luego, aceptamos la disposición y concurso de ustedes para contribuir en la búsqueda del noble propósito.

Nos solicitan en su carta un nuevo gesto de liberación unilateral de prisioneros de guerra. Está bien. Pero quisiéramos compartir algunas reflexiones sobre el tema:

Sería justo que apelando al ejercicio de la razón, el derecho y la ética en el tratamiento del problema, no se invisibilazara a los guerrilleros presos. Son alrededor de 800. El dolor no es solamente de los familiares de los prisioneros en nuestro poder. El humanitarismo debe mirar, siempre, con sus dos ojos.

Durante el gobierno de Ernesto Samper liberamos unilateralmente en Cartagena del Chairá a 80 prisioneros de guerra. En el cuatrienio de Andrés Pastrana, luego de la firma de un acuerdo humanitario, liberamos a 47 militares y policías y en cambio recibimos 13 guerrilleros. Inmediatamente, con la esperanza de generar un medio ambiente propicio para el abordaje del canje, dejamos en libertad en La Macarena y en Urabá, sin ninguna contraprestación, a 305 soldados y policías que habían sido capturados en combate. Más recientemente, durante el gobierno de Álvaro Uribe, gracias a la gestión humanitaria del presidente de Venezuela Hugo Chávez y de la senadora Piedad Córdoba, liberamos, también de manera unilateral, a algunos senadores, representantes, diputados y concejales, y a otro grupo de militares y policías. La verdad es que nunca hubo reciprocidad por parte del gobierno de Colombia. La disposición de las FARC en este sentido ha sido diáfana. No admite discusión ni cuestionamiento. Seguimos a la espera del momento propicio para pactar con el Estado colombiano

un canje de prisioneros de guerra.

La realidad es dura. Cuando en el Medio Oriente el Estado sionista de Israel libera a más de 1.000 prisioneros palestinos a cambio de uno sólo de sus soldados, el gobierno de Colombia le ha dado la espalda, por 13 años, a los suyos. Aquí hay una indolencia infinita con el sentimiento de los familiares de los soldados prisioneros, pero también un desprecio por la suerte de unos hombres que arriesgando como nadie su vida, cayeron en el campo de combate defendiendo los intereses de quienes hoy los olvidan.

En sana lógica, un acuerdo de paz en Colombia debiera estar antecedido por un canje de prisioneros entre las partes contendientes porque, sin duda, un evento tal allanaría la senda del entendimiento y el fin de la guerra, del conflicto social y armado que se prolonga por seis décadas por la intransigencia estéril de los gobiernos. Se debe poner punto final a una larga historia de violencia institucional, de despojo violento, de paramilitarismo, desapariciones forzadas, masacres, “falsos positivos”, fosas comunes, exclusión, imposiciones neoliberales y manipulación de la opinión. A las mujeres pacifistas del mundo representadas en ustedes les pedimos actuar y extender sus manos solidarias hacia el pueblo de Colombia.

Les sugerimos dirigir su mirada sobre la situación que afrontan centenares de guerrilleros presos y unos 7.500 ciudadanos encarcelados por sus ideas, como resultado de la criminalización de la oposición política y la protesta social; la mayoría de ellos acusados de terrorismo y de otros delitos que tratan de ocultar el carácter político de su causa y sometidos a condiciones infrahumanas de reclusión, irrespeto a la dignidad, violación de sus derechos humanos, hacinamiento y torturas, políticas acentuadas por la injerencia del buró federal de prisiones de los Estados Unidos. Les pedimos analizar la posibilidad de constituirse en comisión, o gestionar la conformación de una comisión humanitaria que visite las cárceles de Colombia y constate en el terreno la veracidad de la denuncia. Intercedemos, igualmente, por los presos sociales, por los que casi nadie habla, para protestar por las condiciones degradantes de su reclusión.

Les solicitamos considerar, como asunto crucial para aclimatar la convivencia, el estudio de fórmulas que permitan la repatriación y liberación de Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas, guerrilleros de las FARC prisioneros del imperio, extraditados a los Estados Unidos por el rencor y la retaliación de un ex presidente desquiciado. Su extradición, sustentada en montajes jurídicos urdidos por Uribe Vélez, la inteligencia militar y el ex Fiscal Osorio, fue una flagrante violación de claras disposiciones constitucionales. Simón Trinidad ha sido condenado a 60 años de prisión por una causa ajena a la que fue extraditado. Vaya nuestra voz de aliento a los tres rebeldes farianos, ante su infame y largo cautiverio neocolonial.

Permítannos reiterarle, distinguidas ciudadanas del mundo, nuestro mensaje de irrenunciable decisión de continuar y elevar a nuevos niveles la brega por la libertad de los prisioneros de guerra y de los presos políticos.

Como un nuevo acto humanitario que respalda esta carta, anunciamos la liberación de 6 prisioneros de los que permanecen en nuestro poder, los cuales serán entregados a las firmantes de la misiva que hoy respondemos, encabezadas por la insigne dirigente política colombiana, la senadora Piedad Córdoba previa precisión de los protocolos de seguridad. Esta fue la determinación del comandante Alfonso Cano días antes de caer en combate.

¡Viva la memoria del comandante Alfonso Cano!

Con sentimientos de respeto y admiración,

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia, noviembre de 2011.

ARTA ABIERTA AL COMANDANTE CHÁVEZ CELAC, UNASUR Y LOS ACUERDOS CON COLOMBIA

Miércoles, 30 de Noviembre de 2011 09:51

Radio Cafe Stereo

Es una idea grandiosa pretender fundar en todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue a sus partes entre sí y con el todo.

Simón Bolívar

Como organizaciones comprometidas con el socialismo como vía única para acabar con el régimen sangriento del imperialismo, como colectivos unidos en la construcción de una sociedad de iguales donde la justicia reine para todos por igual, como sujetos de transformación dispuestos a caminar sin descanso hacia la construcción de la Patria Grande, saludamos la próxima puesta en marcha de la CELAC durante los días 2 y 3 de diciembre –un espacio de integración que podría enrumbar a los países de Nuestra América hacia un territorio de paz con justicia social. Este paso es particularmente importante porque se contrapone a un organismo fundamental de la máquina político-militar yanqui: la OEA.

En este contexto, y también en el marco de la próxima reunión de Jefes de Estado de la UNASUR los días 4 y 5 de diciembre, queremos aportar dos elementos internacionalistas para el impulso de una nueva territorialidad en esta América Nuestra , vinculada a la liberación de los pueblos que sufren la violencia despótica del capital.

Desde la perspectiva del internacionalismo revolucionario se pueden establecer acuerdos entre gobiernos de carácter popular y gobiernos sujetos a los intereses del capital, siempre y cuando tales acuerdos no golpeen el desarrollo de la lucha popular al interior de tales sociedades.

El internacionalismo Bolivariano traza un camino que no puede estar atravesado por intereses ajenos a los de los hombres y mujeres que viven en este continente, como demuestra la experiencia del Congreso de Panamá. En ese sentido, llamamos a que los acuerdos que se suscriban en el contexto de la CELAC y UNASUR sean cónsonos con la construcción de un continente soberano.

A nuestro entender el respeto por la autodeterminación y autonomía de los distintos Estados, no puede equivaler a guardar silencio frente la subyugación y represión de los pueblos del Continente, frente a la injusticia y la rendición ante los intereses Norteamericanos. ¿Cómo no pronunciarse sobre la eliminación sistemática de opositores en Honduras? esto en claro desprecio a los acuerdos establecidos tras la repatriación de el presidente Zelaya, ¿Cómo no pronunciarse sobre la justa salida al mar para Bolivia? y las constantes evasiones y obstaculizaciones, a partir de artilugios retóricos y leguleyismos, por parte del Gobierno neoliberal de Sebastián Piñera , ¿Cómo no levantar la voz frente a la recuperación de las Malvinas como parte integral del territorio argentino?, hoy en proceso de explotación petrolera por parte del vetusto imperialismo inglés, ¿Como no pronunciarse ante la negativa del senado paraguayo para la aprobación de Venezuela como miembro pleno en el MERCOSUR?, ¿Como no exigir la erradicación de las bases militares norteamericanas en el continente? , ¿Es que acaso podemos aspirar al fortalecimiento del la Patria Grande, obviado las necesidades urgentes de su pueblo?

Lo anterior se vuelve particularmente relevante al analizar las relaciones de Venezuela con Colombia, en esta dirección , queremos manifestar algunas reflexiones, inquietudes y propuestas del movimiento revolucionario venezolano y continental recogidas a través de múltiples colectivos y organizaciones populares; nuestro objetivo en este sentido es aportar elementos de análisis sobre los vínculos estatales entre Venezuela y Colombia –relaciones cuyas evidentes contradicciones y dilemas en lo político y en lo ético no pueden dejarnos indiferentes.

Estas deliberaciones se hacen más urgentes ante la reunión Chávez-Santos del 28 de noviembre, frente a la cual hemos de expresar nuestra preocupación sobre los acuerdos que se vienen suscribiendo entre Colombia y Venezuela, y sobre los que se podrían suscribir.

Es innecesario profundizar en el carácter eminentemente entreguista (al imperialismo) y represivo (contra los sectores populares) del Estado colombiano. Las evidencias saltan a vista: siete bases norteamericanas y acuerdos militares con Gran Bretaña e Israel, innumerables casos de violaciones a los derechos humanos que van desde los desplazamientos y la tortura hasta los asesinatos de sindicalistas y otros dirigentes populares, los falsos positivos y las desapariciones masivas. Tan solo desde que Santos llegó al poder se han registrado, según cifras oficiales, más de cien activistas de derechos humanos víctimas del terrorismo de Estado, recordándonos amargamente que los delitos de lesa humanidad no forman parte del pasado en Colombia, que son parte de la macabra cotidianidad del presente.

Es por ello que alerta y sorprende la política de colaboración que el gobierno venezolano ha ido desarrollando con el país vecino a través de la suscripción del funesto Acuerdo de Cartagena, entre cuyos puntos se encuentra, según el propio ex-ministro de defensa colombiano Rodrigo Rivera, un marco jurídico que permitirá a las autoridades de ambos países “compartir información de inteligencia, fortalecer la cooperación judicial y las operaciones a todo nivel contra todos los eslabones”. Como revolucionarios comprendemos que estos pasos abren una profunda grieta en nuestro proceso bolivariano; en este sentido, nos preguntamos: ¿Dónde queda nuestra solidaridad internacionalista con los hombres y mujeres que luchan por la autodeterminación popular de Colombia? ¿Qué ocurrió con el discurso del gobierno bolivariano que hace tres años reconoció la beligerancia de la insurgencia colombiana? ¿O es que debemos soportar en silencio todo el peso del pragmatismo sin ética de la realpolitik?.

Nos preocupan las recientes palabras de la Canciller colombiana María Ángela Holguín ampliamente difundidas por el Sistema Nacional de Medios Venezolanos, en las cuales declaraba que el gobierno de Santos tiene la confianza de que pronto se suscribirá un acuerdo de cooperación militar (“colaboración directa entre ejércitos” según dijo Holguín) con el ejecutivo venezolano. Suscribir un acuerdo de este carácter podría representar la entrega de nuestra soberanía.

A nuestro entender colaborar con Colombia en lo militar es un golpe doble a la moral revolucionaria: por un lado implica la colaboración de facto con Estados Unidos, y por otro el colaboracionismo con el terrorismo de la oligarquía colombiana hacia la eliminación de la resistencia popular en el país vecino, que no sólo pasa por la guerra contrainsurgente, sino que intenta acabar también con toda oposición política en Colombia; a saber, movimientos obreros, campesinos, indígenas estudiantiles, etcétera. En este sentido, recordemos que las revoluciones latinoamericanas conocieron las consecuencias nefastas de las alianzas militares de los gobiernos que respondían a los intereses del capital y del imperialismo, con la aplicación en la década de los 70 del Plan Cóndor; por lo tanto, vemos con profunda preocupación la firma de acuerdos militares en medio de la actual correlación de fuerzas en el continente.

Como organizaciones comprometidas con el avance del proceso bolivariano, con el socialismo y la Patria Grande, instamos a nuestro gobierno a deslindarse del proyecto sanguinario de la oligarquía neogranadina. Repudiamos las alianzas con un ejército que ha vuelto sus armas contra su propio pueblo, y que ha sido el responsable de masacres, desplazamientos, fosas comunes, falsos positivos y demás crímenes de lesa humanidad.

En conclusión recogemos dos breves frases, una de Bolívar y la otra de Martí, que guían nuestro pensamiento y nuestro compromiso: la Patria es América apunta a una territorialidad integradora y revolucionaria del proyecto Bolivariano, y Patria es humanidad determina el carácter esencialmente internacionalista y clasista de una revolución. Trabajemos pues por la construcción de una América Latina guiada por los sentimientos humanistas y revolucionarios que expresaron Bolívar y Martí: ¡su radiante pensamiento ha de enrumbar nuestras acciones internacionalistas y nuestro destino soberano!

Noviembre 2011
Movimiento Continental Bolivariano, Capítulo Venezuela