Cuando los hechos dan la razón

DANIEL DELGADO—DIAMANTE

ddelgado47@hotmail.com

ABOGADO

El indicador típico de la inseguridad en un país, es el de número de homicidios por cada cien mil habitantes

al año. En 1980, en América Latina había 12 homicidios cada cien mil habitantes. Actualmente, es 25. En Noruega, por ejemplo, la cantidad de homicidios por cada cien mil habitantes es menor a uno.

Los políticos entienden que el discurso de la mano dura atrae a unos electores que piden protección. Mas, la represión, aunque cuenta con presupuestos de seguridad en ascenso, fracasa permanentemente en América Latina. No ha logrado reducir para nada el delito con aquél índice de 25. Más temprano que tarde termina en frustraciones y magnifica la sensación de impotencia de las autoridades y de la sociedad. En Panamá, la percepción del miedo es alta y la población siente ese temor.

También en realidad, la inseguridad viene en franco ascenso entre los problemas principales en la opinión pública en Panamá. Parece inevitable que la ola regional de aumento de homicidios llegue al país. En el 2008 fue de 654; en 2009, 818 y en el 2010, 738 y 443 en lo va de 2011. La cifra ha rondado los 20 cada cien mil habitantes.

En 2008 el Gobierno Nacional decidió aprobar cinco decretos en materia de seguridad. Para esto, solicitó poderes especiales a la Asamblea de Diputados. Pudo haberlos impuesto. Pero, estableció un espacio de tiempo para presentar y consultar tales decretos, escuchar observaciones y realizar ajustes.

El debate resultó amplio. Medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, instituciones del Estado y mecanismos de concertación participaron en la consulta que sustentó la aprobación de dichos decretos leyes.

Los mismos permitían que el Ejecutivo pudiera nombrar a un policía profesional como director general de la Policía Nacional (PN); igualmente del Servicio de Protección Institucional (SPI); la creación del Servicio Nacional Aeronaval; la creación del Servicio Nacional de Fronteras y la creación y regulación del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad.

Durante las consultas, tocó exponer los factores que amenazan la seguridad de Panamá. Me extendí sobre el grado de peligro que éstos representaban, al igual que las medidas necesarias para enfrentar tales riesgos y peligros. Destacaba entonces entre los factores, el crimen organizado y el narcotráfico. Ambos concentran una magnitud de poder por el grado de violencia que provocan o estimulan, la vulnerabilidad y penetración que logran en las instituciones y en la sociedad, y la variada afectación que causan en los ciudadanos.

La droga trasegada hacia los mercados de Estados Unidos y Europa, resulta catastrófica para Panamá, porque representa un ingreso y mercado interno de droga, de lavado de dinero o de disponibilidad de armas para la violencia, en el entorno nacional. Ello, debido a que el transporte, custodia y almacenaje de la droga se paga con droga, armas o dinero en efectivo.

Por otra parte, las disputas entre organizaciones, grupos o pandillas locales, en buena medida giran en torno al interés de robar la droga o robar el dinero, el llamado ‘tumbe’. Asimismo, suelen darse actos de violencia que provocan consecuentemente muchas muertes violentas y heridos.

El delito produce un subproducto terrible: miedo en la sociedad. Mientras el temor sube, todos los gobiernos, y el nuestro no fue excepción, tratan de minimizar las estadísticas.

La seguridad es un tema cotidiano. La sangre tiñe los tabloides. La mayoría de los medios de comunicación buscan rating al utilizar el delito como una forma de conseguir audiencia. Por otro lado, está una población deseosa del morbo y su derecho a ser informada. Y los propios medios que se defienden cuando aducen reflejar la realidad. En lo político, se afinca en la conciencia pública la poca eficiencia del gobierno.

Hay tres grandes tipos de delito en nuestra sociedad. El primer tipo es la criminalidad de jóvenes, la llamada delincuencia juvenil, compuesta fundamentalmente por jóvenes entre 12 y 25 años, que requieren atención preventiva integral. El segundo tipo de delitos es la violencia doméstica, su génesis tiene que ver con la cultura del machismo. Finalmente, está el crimen organizado y el narcotráfico. Todos deben enfrentarlos fundamentalmente la Fuerza Pública y la justicia. La Policía ha sido apoyada, modernizada, tecnificada y dotada de los colosales presupuestos necesarios para poder enfrentar los delitos y desarticularlos. La Justicia… es harina de otro costal.

Las cantidades de droga incautadas dejan en evidencia la actitud recalcitrante del crimen organizado, que utiliza a Panamá para el respaldo de las actividades del narcotráfico.

Cuando en la administración anterior se denunció lo que se nos venía encima con lo del crimen organizado, los opositores a los decretos leyes, arremetieron contra las propuestas de seguridad. Y luego, la etapa de confrontación fue seguida del compromiso de derogar los decretos leyes.

Hoy, sobre el gobierno gravita una premisa indiscutible: Quienes se opusieron a la modernización y fortalecimiento de la Fuerza Pública a través de los decretos leyes, consciente o inconscientemente, le dieron ventaja al narcotráfico. Y hoy estamos pagando las consecuencias con la inseguridad en la que vivimos.

Ahora, reconocen la razón y utilizan las mismas instituciones creadas durante la administración ministerial previa. Saludo al Gobierno por la sensata decisión de no derogar el paquete de decretos —el único fue el de Inteligencia— y fortalecer la institucionalidad de seguridad. Tanto el Servicio Nacional Aeronaval como el Servicio Nacional de Fronteras demuestran lo justificado de su creación. Ambas instituciones están dirigidas por oficiales de carrera policial. No resultará fácil, pero ojalá el ministro Mulino logre completar la profesionalización. El director de la Policía Nacional debería ser designado de entre aquellos miembros de la carrera policial.