En el artículo anterior, prometí entrar a abordar el tema del autofinanciamiento, pero algunos de mis lectores insistieron en que dedicara un tiempo adicional al tema de la cobertura y prestaciones a la población, de cara a la necesidad de crear un sistema único de servicios de salud, lo que me comprometí a hacer.
Ciertamente, quienes nos creemos ‘propietarios privados' de la CSS, tenemos la tentación de acusar como aporte insuficiente e irresponsable, el que le confiere el Minsa (Gobierno central) a los servicios que por momentos aquella le ha otorgado a la población no asegurada, teóricamente responsabilidad exclusiva de este ministerio.
Hay que tomar en cuenta aquí que en la normativa fundacional de la CSS esta estableció únicamente las prestaciones de: ‘Asistencia médica', ‘hospitalización', ‘servicios quirúrgicos' y ‘servicios de farmacia'. Lo relevante
en esto fue que se determinó que: ‘estas prestaciones serían atendidas por las Instituciones del Estado' (Ley 23 de 1941, Artículo 7).
En realidad, podríamos estar ante la demanda histórica por una deuda en favor de los ‘no asegurados', actualmente representados por el Minsa, contraída por la CSS sin el correspondiente pago por el uso de sus establecimientos —en el mejor de los casos se dieron subpagos por algunos servicios— durante al menos dos décadas. En cierta forma, los ‘recursos para los no asegurados' de la salud pública, subsidiaron la cobertura de enfermedad y maternidad del incipiente seguro social, durante ese período.
Desde el punto de vista de la gestión científica, no debe confundirse esta deuda histórica contraída por la CSS respecto de los servicios de la salud pública del período citado, con la que el Gobierno central contrajo con la CSS en lo relativo al programa administrador de fondos de jubilaciones, cuando trasladó a esta institución compromisos sin el correspondiente fondo estatal.
La deuda no honrada por la CSS a la que hacemos referencia, no es la única con relación a los servicios de salud pública.
En efecto, cuando evaluábamos el sistema público de salud, a finales de los años 1970 e inicios de los de 1980, destacados estudiosos del tema, entre los que puedo mencionar a los doctores Tomás Engler, Manuel Escala (q. e. p. d.), Jorge Montalván (q. e. p. d.), Rigoberto Centeno y Cristóbal Tuñón —sociólogo panameño asesor en el sistema nacional de salud de Gran Bretaña— salió a relucir esta ‘externalidad' entre el seguro social y la salud pública.
Para las dos primeras décadas de evolución de la CSS, sus pensiones por invalidez, sus subsidios por enfermedad y la atención médica incompleta que ofrecía, no hubieran podido contener sus alzas en las erogaciones que les provocaban las enfermedades agudas infecciosas y parasitarias, si no fuese gracias al trabajo realizado por las instituciones de salud pública.
Para 1951, por ejemplo, el 50 % de las pensiones vigentes se referían a casos de enfermos por tuberculosis, además de otras de tipo infecciosas y parasitarias (Tuñón, 1983). Para 1961, estas se habían podido reducir a 28.1 % (CSS, 1962, Depto. Estadística).
Es decir, el trabajo de saneamiento ambiental y del cuidado sanitario frente a las fuentes de enfermedades infecciosas no vino de la CSS, sino del antecesor del Minsa. Los fondos de los programas vinculados a Enfermedad y a Invalidez, se vieron sensiblemente beneficiados (externalidad positiva). Mas, no hubo nunca la retribución correspondiente de la CSS hacia las demás instituciones de salud pública involucradas.
Distinta suerte tuvieron los establecimientos médicos y farmacéuticos privados de la época, en virtud precisamente de un modelo de atención volcado desde sus inicios a la curación, soslayando la prevención, favoreciendo con esto al sector privado.
Irónicamente, la idea hegemónica entre los asegurados es que las entidades de salud pública se han aprovechado de los fondos de la CSS destinados para su atención médica. Esta percepción es propia del conservadurismo panameño, que sin embargo sí ve bueno el traslado de recursos al sector privado, impidiendo la superación de la crisis de salud.
Por lo tanto, es imprescindible que los actores sociales, sean gremios, sindicatos, asociaciones o simplemente la academia, se sacudan de aquellas ideas hegemónicas y asuman el papel histórico que reclama nuestra población. Recordando que para que haya al menos una cobertura universal en equidad, la salud es una, la población es una y por tanto, el sistema debe ser único en su propiedad y gestión.
SOCIÓLOGO Y DOCENTE UNIVERSITARIO.
