Roberto Antonio Pinnock Rodríguez
Parece que con la excepción del profesor Jované, los directores que han pasado por la CSS desde el año 1985 no han entendido o no les interesa entender que las deficiencias de fondo con las que han tenido que lidiar, en el caso de los servicios de salud, son de tal naturaleza que resolverlo no está en la propia institución, sino fuera de ella.
Es cierto que hay un tipo de problemas que se puede resolver a partir de medidas propiamente institucionales, pero la crisis es de tal magnitud que incluso estas iniciativas se diluyen, porque la raíz se encuentra en intereses de grupos que operan en la sociedad más allá de la institución.
Para los tecnócratas, la cuestión está en los procedimientos. Que si el médico de cabecera, que si las citas por llamadas, que si el control computarizado de procesos de compras, que si la introducción de relojes al personal de salud, que si el asunto de la actitud del personal —muletilla del director saliente—, entre otras. Aquí, el Dr. Martiz reveló ignorar la validez del refrán que advierte que ‘De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno'. Las raíces de la crisis se encuentran en la esfera extra institucional, partiendo por el principio que rige los procesos y organización que acuerdan directamente o por complicidad —caso de actores de algunos gremios
sindicales— o impongan los principales actores sociales vinculados a servicios de salud. Actualmente, estos han impuesto una orientación basada en la consideración mercantilizada de la salud.
Por ejemplo, los grupos que se benefician introduciendo ‘reglas del mercado' han exigido la supuesta competencia en la adquisición de bienes y servicios, haciendo uso del procedimiento —desde el Gobierno de Martín Torrijos— llamado ‘Panamá compra'. Quienes aparecen ofertando, digamos, productos para la desinfección hospitalaria o bien, productos farmacéuticos, establecen precios de no competencia —más caros para Panamá que en los países
vecinos—, lo que conlleva un saqueo sistemático y ‘legalizado' de los fondos de la CSS a través de este mecanismo. La solución entonces, se vislumbra en las reglas establecidas no solo para la CSS, sino para toda la cosa pública, convertida en botines de los consorcios de poder económico primero, y solo en segunda importancia, en botín político.
Pero también, ocurre que estos procesos que pasan por las reglas de mercado, imponen la adquisición de ‘lo más barato' —entre precios previamente aumentados— y sabemos qué suele ocurrir cuando se limpian los pisos de los hospitales con productos más parecidos a un desinfectante casero que a uno que garantiza la eliminación de gérmenes como la KPC.
Los usuarios, sabemos qué suele ocurrir cuando estas reglas celosamente custodiadas por la Contraloría y el MEF, establecen la compra de medicamentos ‘más baratos' y por si las moscas, en cualquier litigio, la Corte Suprema de Justicia espera su turno para solventarlo en favor de los intereses mercantilizados, si es necesario. Así, las medidas internas quedan hechas añicos con esta aplicación del principio rector basado en la mercantilización de estos servicios.
Necesariamente, tiene que cambiarse el principio rector mercantilizado introducido en la CSS, desde fuera. Esto implica modificaciones en las reglas del juego de la salud pública, instauradas a nivel de los procedimientos
institucionales del Estado. De otro modo, las medidas de los próximos reformadores seguirán terminando en meras simulaciones y despilfarro de recursos.
Cabe agregar, que la realidad exige la conformación de un sistema único nacional de salud (Sunas) que sepulte el adefesio bicéfalo —la CSS y Minsa, cada una por su lado—, mismo que es irracional y derrochador de recursos del pueblo.
En tal sentido, ni los tecnócratas ni los gremios profesionales o sindicales que están alineados con el sistema bicéfalo y el ‘statu quo' —las mismas reglas para que no los toquen si hay cambios— ni los miembros de los
partidos políticos financiados por grupos empresariales que lucran con la salud pública, podrán impulsar las transformaciones requeridas. Estos, no tienen lo que natura da y seguro que Salamanca no se los prestará para
resolver la crisis de la CSS y la salud pública en general.
Los actores sociales afines al principio rector de la salud como un derecho humano, son los llamados a impulsar esa transformación. Es inaplazable su aporte organizado para incidir institucionalmente tanto como en la política
de la atención de salud, de la que es parte la CSS.
SOCIÓLOGO Y DOCENTE UNIVERSITARIO.
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