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COSSIP envía nota al Parlamento


La Coordinadora Sindical del Sector Público (COSSIP), recientemente constituida por las Asociaciones de Empleados de la Contraloría General de la República, Ministerio de Comercio e Industrias, Correos y Telégrafos, Asamblea Nacional,
Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, Lotería Nacional, Autoridad Marítima de Panamá, Instituto Panameño de Habilitación Especial, Hospital Santo Tomás, Hospital San Miguel Arcángel, Hospital José Domingo de
Obaldía y por los sindicatos en formación de la Caja de Seguro Social y de los Instructores del INADEH, que en conjunto representamos aproximadamente a más de diez mil servidores públicos, deseamos por este medio expresarle nuestra más profunda preocupación por la falta de discusión en primer debate del Proyecto de Ley No. 511, así como la falta de atención técnica al Proyecto No. 500, presentado por las Organizaciones de Servidores Públicos en abril del presente año a la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional y luego presentada al
Pleno por el Honorable Diputado Leandro Ávila.

Hemos sido testigos presenciales de que la Comisión que usted preside, no ha podido reunir en varias ocasiones el quorum reglamentario para discutir el Proyecto y luego, al lograr tener quórum en tres ocasiones consecutivas, no se
lleva a cabo la discusión del Proyecto 511, por falta de tiempo en dichas sesiones. Por otro lado, encontramos que en la actualidad el Proyecto 500, presentado en abril del presente año por el Honorable Diputado Ávila y el Proyecto 511, presentado en agosto de este año por el Consejo de Gabinete a través del Ministro de Trabajo, Licenciado Luis Ernesto Carles, no se ha iniciado la discusión en primer debate parlamentario de los mismos. En el día de hoy
inexplicablemente, no estaba en el orden del día, a pesar que está pendiente de discusión según el orden del día de la Comisión, desde hace varias semanas.

La preocupación es mayor si se considera que estos proyectos de ley contienen consensos tripartitos alcanzados entre el CONEP, CONATO y CONUSI y el Gobierno Nacional, avalados por la Organización Internacional del Trabajo, es decir, se trata de compromisos de los principales actores sociales del mundo del trabajo, en atención a que Panamá posee más de 50 años de mora en la regulación de las relaciones colectivas de trabajo en el sector público, desde que OIT le viene señalando año tras año, este compromiso.

Después que en el año 2011, Panamá fue incluida en la lista de países que más incumple al no firmar los Convenios Internacionales emanados de la OIT, específicamente de los Convenios de Libertad Sindical 87 y 98. Se constituyeron dos comisiones tripartitas de diálogo, con el auspicio y apoyo técnico de las estructuras de OIT y una de ellas concluyó en 2016, el anteproyecto de ley que regula las relaciones de trabajo en el sector público y que fue presentado ante esta Asamblea como Proyecto No. 500. El Consejo de Gabinete discutió el documento que le presentó la Comisión Tripartita y trajo a esta asamblea el Proyecto de ley calificado como Proyecto No. 511, el cual recoge
esencialmente los mismos contenidos consensuados descritos en el Proyecto de Ley No. 500 pero con algunos cambios; los más trascendentales tienen que ver con el derecho a ejercer la huelga en los llamados servicios públicos esenciales (artículos 89 y subsiguientes del Proyecto 511), con los cuales no estamos de acuerdo, además de algunos aspectos de forma que se podrían perfectamente discutir y mejorar en el primer debate pendiente de dicho Proyecto.
Nos preocupa que el esfuerzo serio, profundo y racional realizado por los interlocutores sociales del trabajo en Panamá, por la OIT y por los más conspicuos profesionales del derecho del trabajo de nuestro país, sea archivado o demorada su discusión para luego discutirlo a la carrera, con las consecuencias técnicas y políticas que ello acarrea y por eso nos dirigimos a Usted con el ánimo de sensibilizar a los miembros de esta Comisión y al resto de los Diputados que conforman la Asamblea Nacional, para que dicho Proyecto de Ley sea sometido a los debates de rigor establecidos en la Constitución Política y se convierta en Ley de la República lo antes posible, y así crear una norma sin precedentes en nuestra historia republicana.

Los servidores públicos panameños carecemos de muchos derechos que los trabajadores del sector privado poseen desde hace muchas décadas, eso a Usted le consta por ser un servidor público de la salud, antes que Diputado de la República. Pero la posibilidad de enfrentar esas carencias, esas discriminaciones, esas falencias, se pueden equilibrar con la regulación de los derechos colectivos de una forma eficaz y conveniente para las autoridades gubernamentales y para los servidores públicos de base. Esa es la idea central del Proyecto de ley que busca regular las relaciones colectivas por primera vez en Panamá. Regular esas relaciones en forma racional, mesurada, sin excesos, por eso es que se lograron los consensos descritos.
Las normas sobre derechos colectivos del sector público contenidas en el Capítulo VIII de la Ley 9 de 1994 NUNCA FUERON APLICADAS, debido en parte al desinterés de las autoridades y a que las mismas están estructuradas de manera
que limitan el desarrollo de los derechos colectivos de los servidores públicos en vez de promoverlos. Obsérvese por ejemplo, como el fuero sindical que en el Código de Trabajo se otorga a principales y suplentes de los dirigentes de los sindicatos, en esta norma sólo se le otorga a 4 dirigentes de las asociaciones, sin ninguna justificación al respecto.

Podríamos enumerar muchos otros elementos pero creemos más importantes sumarnos a los consensos que contiene el Proyecto de Ley cuyo primer debate estamos solicitando, en nombre de miles de servidores públicos. Consideramos un logro histórico sin par que las organizaciones sindicales más representativas de los trabajadores panameños, CONATO y CONUSI, hayan logrado consensuar con el CONEP y con el Consejo de Gabinete, la mayor parte de los temas concernientes al derecho de asociación sindical, negociación colectiva, huelga y solución de los conflictos colectivos en el sector público y avalamos dichos acuerdos, en aras de lograr el ejercicio de la libertad sindical de
manera ordenada y efectiva.

Sería lamentable que este proyecto se discutiera al calor de la campaña política electoral que está próxima a empezar, porque eso desvirtuaría el esfuerzo serio y los contenidos de este proyecto de Ley y sería visto por la ciudadanía como una maniobra electoral parlamentaria con quien sabe cuáles propósitos es decir, desdibujaría las ideas centrales de este esfuerzo. Por eso señor Presidente, una vez más, en nombre de nuestros sufridos compañeros servidores públicos, en nombre de la razón, de la justicia social, de los interactores sociales del mundo del trabajo, en nombre de la solidaridad que es la base fundamental de la actividad sindical y en nombre de nuestros hijos y familiares, le solicitamos que se someta a primer debate el Proyecto de Ley 511, considerando las diferencias que contiene con respecto al Proyecto 500; que se nos permita expresar en ese primer debate nuestras posiciones y que se avance en la discusión parlamentaria, porque lo que hemos aprendido de nuestra historia y de la de los pueblos hermanos cercanos a nosotros, es que nada supera el diálogo social como medio de resolver los problemas de la nación. La lucha en las calles es una opción costosa para todos, que se asume cuando las puertas del
diálogo se cierran pero siempre será mejor el diálogo y por eso le pedimos iniciarlo formalmente, en torno a nuestros derechos como servidores públicos, en cumplimento de la Constitución y del Reglamento Interno de la Asamblea
Nacional.

Atentamente,

VERONICA RUSSO
Coordinadora del mes, de COSSIP

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Central Nacional de Trabajadores de Panamá