Hacía más de 5 años que Bolivia pidió a la Corte Internacional de Justicia que obligara a Chile a negociar su derecho de salida al Pacífico. Le bajaron el pulgar a Evo Morales.
El reclamo boliviano era justo, porque su vecino chileno le arrebató mediante una guerra entre 1879 y 1884 importante territorio en Atacama. Bolivia perdió 120.000 kilómetros cuadrados de superficie y 400 kilómetros de costa; fue privada de importantes riquezas mineras y del puerto de Antofagasta, quedando enclaustrada.
En los robos intervino la Armada chilena del siglo XIX y la oligarquía con sus siete familias dominantes de la minería y negocios semi coloniales, con instigación del Reino Unido, la potencia dominante por entonces. La “paz”, así, con comillas, fue firmada en 1904 y legalizó el despojo de la parte más débil y derrotada. No fue la única perdidosa pues Perú también se vio privado de sus provincias de Arica y Tarapacá, pasadas a jurisdicción chilena.
Desde 1910 los sucesivos gobiernos del Altiplano reclamaron a Chile su salida al mar, en diferentes tonalidades. La respuesta fue negativa, aunque en varias oportunidades abrieron la posibilidad, no concretada, de revisar lo sucedido sin admitir culpabilidad.
Se comprueba una vez más que los gobiernos progresistas o tercermundistas son los mejor calificados para encontrar soluciones a conflictos de esa índole. Son los mejor predispuestos a la integración y unidad latinoamericana. En cambio los gobiernos pro imperialistas, sean civiles o dictaduras militares, fomentan esa división y se niegan a revisar los despojos.
Del lado chileno el gran presidente Salvador Allende declaró en 1971 que era tiempo de encontrar una solución para los bolivianos. Lamentablemente la resistencia oligárquica y en las Fuerzas Armadas le impidió concretarla. Y terminó muerto el 11 de septiembre en La Moneda, el día del sangriento golpe pinochetista.
Del lado boliviano tampoco es casual que su demanda de salida al mar haya progresado con Evo Morales, primer presidente indígena de Latinoamérica. Llegó al gobierno en 2006 y activó reclamos en ámbitos políticos y diplomáticos, incluso en la OEA. Agotadas esas vías, por negativa de gobiernos de derecha en Chile y los de menos que medias tintas “socialistas” como Michelle Bachellet, el aymara llevó en abril de 2013 su pedido a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Corte indigna
El planteo de Bolivia, impulsado por medio de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), resumía en 200 páginas y tres cuerpos de expedientes, jurídicos e históricos, los antecedentes para su petición de obligar a Chile a negociar.
Veinticinco argumentos bolivianos incluían 11 resoluciones de la OEA exhortando a que hubiera negociaciones directas sobre el conflicto: tres habían contado con el voto de la cancillería chilena. Cabe aclarar que la CIJ no debía resolver la cuestión de fondo, de si Bolivia tenía razón ni de cuánto territorio debía devolverle Chile ni si La Paz recibiría un derecho indemnizatorio.
Simplemente se le solicitaba que diera razón a Bolivia en que Chile tenía que negociar obligatoriamente sobre el diferendo, porque aquélla tenía expectativas fundadas. Si se abría tal negociación, a lo largo de varios años, se vería cuál era el acuerdo posible.
Morales se entusiasmó porque en 2015 la Corte admitió estudiar su caso, en vez de rechazarlo de movida. Pero tras otros tres años de burocrático trámite, el lunes 1 de octubre, con el voto de 13 integrantes del tribunal sobre 15, el fallo le fue adverso. Bolivia no tiene derecho a llevar obligatoriamente a Chile a una negociación, según lo leído por el titular del organismo, el somalí Abdulqawi Ahmed Yusuf.
A manera de premio menos que consuelo, se exhortó a que ambos países dialoguen sobre el conflicto, pero eso es como pedirle peras al olmo. Sebastián Piñera, una semana antes del fallo, presionaba a La Haya visitando a Donald Trump en la Casa Blanca y posando para la foto con una banderita de Chile incluida en una estadounidense.
En esos días Evo Morales demostraba en la 73ª Asamblea General de la ONU que la superpotencia no respeta la democracia ni las soberanías de otros países. Su discurso fue solidario con Venezuela, en tanto Piñera con Macri y el dueño del circo urdían una resolución, esta vez ante la Corte Penal Internacional, denunciando a Nicolás Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad.
Con este fallo la CIJ no quiso dar más argumentos a Argentina para reclamar por Malvinas.
Entre otras presiones antes del fallo, el 23/9, el excomandante en jefe de la Armada chilena, Edmundo González, tuiteó en forma amenazante: “Entonces, mis queridos hermanos Bolivianos, sólo nos dejan 2 caminos: 1) Renunciar al Tratado de Bogotá, por la razón. 2) O Aplicar la Fuerza. Ustedes decidan!!!”.
Aunque muchas organizaciones sociales bolivianas se niegan a calificar lo ocurrido como una derrota, fue eso. No es una derrota definitiva porque la abrumadora mayoría del pueblo y el gobierno de Morales consideran una causa irrenunciable y justa recuperar su salida al mar. Sus reclamos continuarán en otros ámbitos.
Lo bueno es que el presidente Evo planteó nuevas alternativas, para el mientras tanto, como potenciar el proyecto del corredor bioceánico, para salir al Atlántico por el brasileño puerto de Santos y al Pacífico por el puerto peruano de Ilo. Además ampliar el puerto de Busch, en Santa Cruz de la Sierra, para empalmar hacia el Atlántico por la Hidrovía del río Paraguay-Paraná.
Esos proyectos suponen un desafío a Washington, porque empalman con el proyecto chino de tren bioceánico y de la Nueva Ruta de la Seda. Lo que le negaron a Bolivia en La Haya puede lograrse con esas alianzas geopolíticas. Y así crece la candidatura de Morales para ganar su cuarto mandato (2020-2025).
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