El 12 de octubre de este año se conmemoran 519 años de la invasión del imperio español a las tierras de ABYA YALA, masa continental que por espacio de miles años estuvo habitada por los pueblos originarios, por sus comunidades y grandes civilizaciones, y que tras la colonización implementada a sangre y fuego por las potencias europeas, tales conquistadores decidieron llamar América. En los años posteriores a 1492, otras potencias europeas como Inglaterra, Francia, Portugal y Holanda, también establecieron colonias en esta parte del mundo.
La conquista europea representó para los pueblos originarios la destrucción de sus culturas milenarias mediante el exterminio y la esclavización de millones, los invasores impusieron sus valores y sus moldes de producción y relación social, de forma radicalmente antagónica al estilo de vida colectivista de muchos pueblos originarios y su cosmovisión basada en la armonía social con el entorno ambiental. El desarraigo forzado al que fueron sometidos, expulsados cruelmente de sus comunidades y ciudades, constituyó el más vil despojo de la historia. El asesinato masivo de sus poblaciones, combinado al contagio de las enfermedades traídas por los europeos, las prácticas de limpieza étnica y de reconcentración forzada en encomiendas, fueron horrores que produjeron cerca de 80 millones de muertos en pocos siglos.
La resistencia a la opresión no se hizo esperar, y de norte a sur proliferaron guerrillas originarias, y se organizaron en comunidades de resistencia que permitieron la sobrevivencia de varios millones de sus hermanos en selvas, montes y cordilleras, a las que se replegaron con el fin de preservar su cultura y escapar de la aniquilación. Una estrategia que se plasmó también en la actitud rebelde de los negros cimarrones que se enfrentaron al poder colonial, en fin, las comunidades de resistencia, con capacidad móvil, pasaron a ser parte de las formas de lucha que siglos después, en el siglo XX, desarrollaron los sectores populares en Centroamérica, específicamente, Guatemala, El Salvador, o como hoy en Chiapas, Méjico. Y aquí en Panamá, podemos mencionar los ejemplos meritorios de las luchas lideradas por Urracá, cacique levantado en armas contra el poder español, y Victoriano Lorenzo, guerrillero liberal que luchó contra la opresión de su pueblo, son los dos más grandes guerreros que háyase visto batallar en nuestro Istmo.
Hacia los siglos XVIII y XIX, los levantamientos comuneros de los que formaron parte activa sectores de los pueblos originarios, vinieron a ser uno de los factores primarios en la acumulación de sucesos que desembocaron en las independencias latinoamericanas, y que sellaron nuestro distintivo como americanos, de la cual nuestra vertiente indígena es un componente ineludible, un afluente histórico que nos hizo orgullosos de nuestro pasado prehispánico, verdaderamente esplendoroso en términos de civilización. Coadyuvaron con sus aportes a la ciencia, con sus luchas, y con su persistente apego a la cultura ancestral, a la conformación de nuestras complejas identidades nacionales latinoamericanas. Sangre indígena, originaria, corre por nuestras venas y su espíritu de lucha es inseparable al carácter profundamente social de nuestros causas sociales, patrióticas, revolucionarias y anti imperialistas. Actualmente, sus reivindicaciones culturales, políticas y económicas como pueblos originarios son un componente fundamental de todos los programas progresistas y revolucionarios de todo el continente, y sus demandas son una parte integral, activa, del torrente de movilizaciones populares de nuestros países.
En esta fecha llamamos a todos los gobiernos de turno, de este país y de la región, a que se ponga fin al hostigamiento industrial transnacional expoliador contra los territorios de los pueblos originarios, tanto en Panamá como el resto de América Latina, y que sea respetada su vida y formas de convivencia social de todo acto de violencia contra sus costumbres, que no sean objeto de discriminación de ningún tipo, en fin, como parte integrante que son de nuestros estados nacionales y en apego a todas sus garantías establecidas por el constitucionalismo moderno y todos los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Panamá, octubre de 2011.
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