Tener acceso a sus alimentos, es un derecho fundamental de las necesidades y de los Derechos Humanos de los pueblos. Por tanto, es una obligación moral e ineludible de los gobiernos de los Estados, desarrollar políticas agropecuarias para garantizar que sus habitantes tengan suficientes alimentos, para su desarrollo económico, político y social, porque las personas con hambre, no pueden trabajar, los niños mal alimentados y desnutridos no pueden aprender, y está comprobado que una población bien alimentada y por ende saludable, garantiza el desarrollo del país.
Por tal razón los dirigentes de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, nos identificamos con la lucha de los productores panameños, que hace años vienen desarrollando por diferentes vías y acciones en “defensa de la seguridad alimentaria”, la cual depende de tres factores esenciales: Disponibilidad, estabilidad y accesibilidad. Estos factores son los que el gobierno no está garantizando al productor panameño, poniendo cada vez más en riesgos la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo panameño.
Así observamos, que las actividades agrícolas y pecuarias revelan caídas cada vez más desastrosas, lo que utiliza el gobierno como argumento para ir importando cada año, mayor cantidad de alimentos, en perjuicio del productor nacional. Cada año se reflejan una mayor disparidad entre importación y exportación de los alimentos en sus distintos rubros y ello es producto de que ante la falta de políticas de Estado la agricultura no termina de despegar, así como lo han hecho otros sectores de la economía (servicio, transporte, telecomunicaciones, etc.).
Por otro lado vemos que las especulaciones en la cadena de comercialización de los alimentos tantos nacionales como importados, diezman cada día los ingresos anímicos de los trabajadores (as). Existe una proclividad de los gobernantes a la importación, más que a la exportación de alimentos para ir deprimiendo cada vez más al sector agropecuario y al trabajador del campo.
No tenemos la menor duda, que los TPC de nuestros pueblos con los Estados Unidos de Norte América, no son una solución al agro como se especuló en un principio, sino su entierro dado que el gobierno utiliza los TPC para justificar su veto a la ley de AUPSA en detrimento de los productores nacionales y favoreciendo a los EE.UU. Por tal razón, expresamos nuestra solidaridad a los productores de Las Tierras Altas de Chiriquí y demás, que luchan con dignidad por defender la comida del pueblo panameño.
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