Agencia AFP | Enero 22 de 2012
Colombia sigue siendo el país con más asesinatos de sindicalistas al registrar más de 175 en los últimos tres años y apenas un puñado de esos crímenes han sido resueltos, alertó la ONG Human Rights Watch en su reporte mundial correspondiente a 2011.
El número de homicidios de sindicalistas en Colombia “permanece más alto que cualquier otro país en el mundo” y las amenazas contra el gremio han crecido desde 2007, afirma la organización de defensa de los derechos humanos.
Un total de 51 sindicalistas fueron asesinados en 2008, 47 en 2009, 51 en 2010 y 26 entre enero y el 15 de noviembre de 2011, detalló la ONG citando datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS), a la que considera la principal asociación civil colombiana en la materia.
Sin embargo, HRW aclara que estas cifras son inferiores a las de una década atrás al recordar que, de nuevo con datos de ENS, desde 1986 se han cometido en Colombia más de 2.900 homicidios de sindicalistas.
Las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en Colombia llevaron al Congreso de Estados Unidos a retrasar casi cinco años la ratificación del Tratado de Libre Comercio bilateral suscrito en 2006.
Finalmente, el Congreso dio luz verde al acuerdo el pasado octubre después de obtener del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) el compromiso de un plan de protección de los derechos sindicales.
No obstante, HRW resalta el alto riesgo de que la violencia contra este gremio quede impune incluso después de la apertura en 2007 de una unidad especial de la Fiscalía para delitos contra sindicalistas.
Hasta mayo de 2011, esta oficina únicamente consiguió seis sentencias condenatorias, se lamentó HRW.
En su resumen de 2011, la ONG reconoció que Santos mostró en su primer año de mandato “una mayor preocupación por los derechos humanos” que su antecesor Álvaro Uribe (2002-2010).
Aún así, HRW subraya que en Colombia permanecen múltiples desafíos para los derechos humanos, como los graves abusos contra la población civil que ejercen las guerrillas izquierdistas FARC y ELN y otros grupos sucesores de los paramilitares, que en ocasiones son tolerados por miembros de fuerzas de seguridad.
Decenas de miles de personas siguen viéndose obligadas a desplazarse internamente cada año, subrayó el informe.
HRW reitera su oposición a una propuesta de ampliación de la justicia militar promovida por el gobierno de Santos que, asegura, “podría facilitar la impunidad de abusos contra los derechos humanos” cometidos por soldados.
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