El pasado mes de mayo del año en curso, la Unesco solicitó suspender el plan de uso de suelo del Parque Nacional Coiba, que fue aprobado el pasado 3 de enero por autoridades gubernamentales.
A contrapelo, el Gobierno en turno procede a poner en acción lo que apunta a ser el primer proyecto dentro de su inconsulto plan de uso de suelo, con la construcción de una ‘terminal aérea’ para las personas que visiten el lugar, con un costo de 3.2 millones de dólares. Jorge González, secretario de Metas del Ministerio de la Presidencia, afirmó que esta no era más que una ‘caseta pequeña para recibir a quienes vayan’. ¿3.2 millones para la reparación de una pista que ya existía y una caseta pequeña? ¡Válgame Dios, cómo nos conguean!
Igualmente, parece otra ‘congolada’ la justificación que hacen las autoridades al decir en su Estudio de Impacto Ambiental que: ‘El potencial turístico de Coiba justifica la intervención del Estado con inversión de recursos, y en este sentido se ha considerado conveniente preparar la infraestructura que permita a los turistas llegar y disfrutar de las facilidades y beneficios naturales que ofrece’ (MiAmbiente, 2018).
Se revela aquí que este tipo de proyectos va en contravía de los intereses nacionales y particularmente del desarrollo sostenible que cabe plantearse para esa zona.
En primer lugar, revela el carácter antidemocrático e ilegítimo de este tipo de iniciativas gubernamentales. La existencia por ley de la República de este parque (2004), establece regulaciones que incluyen la presencia activa de un ‘Consejo’ responsable de la gestión del mismo, representativo de diversos sectores de la sociedad civil, como ONG, Universidad, científicos, pescadores, Cámara de Comercio de Veraguas, instituciones públicas, además de los Gobiernos locales. Así como también esta ley establece que ningún ente estatal puede planificar y menos licitar obras sin que se tenga el conocimiento y autorización del Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba, ¿por qué esta máxima unidad de gestión de dicho parque no participó ‘en pleno’ en la concepción de dicho proyecto?
En segundo lugar, el que conoce el parque sabe perfectamente que el uso de transporte aéreo para la llegada y salida de turistas implicaría el quiebre de la economía local emergente de la zona, en la que los pescadores, al tener restringidas cierto volumen de pesca, se han ido reconvirtiendo en boteros transportadores de turistas desde tierra firme, que a su paso permite lo que se denomina ‘avistamiento’ de especies (principalmente ballenas) que inundan las aguas en ciertos períodos del año, lo que es altamente apreciado por turistas locales y extranjeros. Este proceso de reconversión ha conllevado tiempo y recursos invertidos para el adiestramiento de los pescadores, dado que la misma tiene sus técnicas propias. En definitiva, aunque no llegase a desaparecer totalmente la actividad de transportación en botes y lanchas desde tierra firme, lo cierto es que al existir esta modalidad que beneficia a la economía marina costera de los pobladores, no se justifica introducir un medio en el que nadie de los sectores populares operaría o podría invertir para desarrollarlo. Tampoco estaría creando los puestos de trabajo equivalentes a los que destruya, para que los pobladores de esta zona no tengan que emigrar a los centros urbanos por falta de empleos dignos.
Es obvio que los gobernantes saben que de haber consultado su proyecto —al menos con el pleno del Consejo directivo del parque natural Coiba— encontrarían objeciones razonables, en función de los criterios de protección no solo de la flora y fauna, sino de las economías de familias implicadas en la vida de este parque y en conjunto alcanzar un verdadero desarrollo sostenible allí.
Pero además, las autoridades se darían cuenta de que no se trata solo de esta población, sino que la importancia del parque rebasa esta zona, lo cual se expresa en las reacciones legítimas que grupos beligerantes, como el ‘Movimiento anticorrupción de Veraguas’, vienen impulsando a propósito de este proyecto y de los vientos de ‘grandes inversiones’ para este parque que no están precisamente en la dirección del desarrollo sostenible, sino de la voracidad mercantilista de ciertos grupos empresariales. La cuestión, por tanto, va más allá del rechazo a un aeródromo; se trata de la defensa de un patrimonio universal de la humanidad, de la que deben beneficiarse todos y no unos cuantos.
SOCIÓLOGO Y DOCENTE UNIVERSITARIO.
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