El devenir histórico de Panamá está en juego. Algunos países de Latinoamérica han encausado a presidentes, diputados, ministros y otras figuras políticas por desgreño administrativo, peculado, despilfarro o enriquecimiento injustificado, entre otros cargos de corrupción.En Costa Rica, Argentina y Ecuador, por ejemplo, se observa que el actuar de la justicia es más equitativo que aquí. En Panamá la ley solo se aplica al ciudadano común, no a los políticos.
Se escucha que algunos diputados compraron casas o apartamentos valorados en cientos de miles de dólares, igual que fincas (con ganado incluido), líneas de buses (hasta piratas) o han fundado grandes empresas en solo cinco años. Para lograr esto, con su sueldo, un profesional serio y honesto tendría que trabajar toda la vida. La impunidad galopa y al pueblo se le engaña de la peor forma.
Ahora los diputados de la Asamblea Nacional, cuyo período se inició el 1 de julio, parecen que quieren lavarle la cara a este órgano, desprestigiado, semidestruido y al borde del colapso por el clientelismo político que impulsó el gobierno anterior.
El número plural de impugnaciones por el supuesto uso de fondos del Estado, a través de juntas comunales, con aportes del Ministerio de Economía y Finanzas y el Programa de Ayuda Nacional, entre otras instituciones, durante el período 2009-2014, no deja la menor duda del derroche de dineros del contribuyente.
En atención a los desmanes denunciados, la Asamblea Nacional prevé citar a varios funcionarios, y la primera es la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, para el martes 19 de agosto.
Hay que recordar que la funcionaria es Torres de Bianchini, y que el hecho de que se presente junto a su equipo de trabajo no significa ni implica que sean los miembros de ese equipo los que respondan a las preguntas del pleno o de la comunidad. Mucho menos Eloy Álvarez o Roger Cerrud, porque ellos no fueron nombrados por la Asamblea Nacional. Solo son empleados de la Contraloría y le rinden obediencia a la contralora.
Entre otros cuestionamientos habría que preguntarle, ¿por qué no levantó una investigación en relación con la denuncia que hiciera el director general de Ingresos, Luis Cucalón, al expresar que algunos bancos le debían al fisco millones de dólares del Fondo Especial de Compensación de Intereses? (La Estrella de Panamá, 12/5/2010). ¿Por qué razón no lo hizo? Si la Asamblea Nacional no se lava la cara ahora, se convertirá en “más de lo mismo”.
La patria exige justicia igual para todos. ¡Dios te salve, Panamá!
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