No creo que haya empresario liberal que se manifieste a favor de la intervención del gobierno en materia de fijación de precios. Las experiencias de esta medida aplicada en algunos países de la región solo demuestran escasez e inflación. Cuando el gobierno establece márgenes en la ganancia y límites en los precios, hace que la dinámica económica –que impulsa el crecimiento– dependa de criterios discrecionales de funcionarios que no necesariamente responden a las condiciones variables del mercado, por lo que las decisiones que toman quedan obsoletas al día siguiente de aplicarse.
Sin embargo, los que se benefician de las libertades de la empresa reconocen que no siempre se dan las condiciones para generar la equidad social que justifica y fortalece el régimen que las fundamenta y, por ello, en ocasiones apoyan las medidas de control que intenten poner el beneficio común delante del interés económico individual desmedido.
Así lo plantean líderes de la economía mundial cuando apoyan medidas como el control de intereses bancarios, o la liberación de compromisos con los derechos de autor sobre medicamentos como los retrovirales contra el sida, o limitaciones basadas en la protección ambiental y en la defensa de los derechos humanos. Después de todo, el objetivo de cualquier modelo de gobierno debe ser que el conjunto de ciudadanos, no solo un pequeño grupo, tenga acceso al bienestar.
Eso explica que la medida que implementó el gobierno para regular el precio de 22 productos de la canasta básica (de manera temporal) haya recibido el respaldo de algunas cadenas de supermercados. Estos empresarios entienden que la llamada utilidad de la empresa en el siglo XXI se mide no solo por el dinero que entra en la caja registradora, sino que es aquella más sostenible y que al mismo tiempo considera su contribución al bienestar de la comunidad donde actúa.
Cada vez es más extendida la preocupación entre los empresarios por encontrar una fórmula que permita el acceso de las grandes mayorías a las justas mejoras en su nivel de bienestar, para evitar que se concentre más riqueza en menos manos. Una peligrosa tendencia insostenible en el tiempo muestra que hace 30 años en Estados Unidos el 1% de la población recibía el 8% del ingreso total, mientras el 50% recibía el 18%. Hoy el 1% recibe el 20%, y el 50% solo, el 12%. De continuar esta tendencia, en 30 años el 1% recibirá el 30%, mientras el 50% se quedará solo con el 6%.
Sobre esa base, Michael Porter, profesor del Harvard Business School y autor de libros sobre la competitividad de las naciones, propone “reinventar el capitalismo”, creando el concepto de valor compartido. Según dice en su obra, el sistema capitalista está bajo ataque, a pesar de ser la mejor propuesta conocida para satisfacer las necesidades humanas, mejorar la eficiencia, crear trabajo y generar riqueza.
“En los últimos años, las empresas han sido vistas cada vez más como una causa importante de los problemas sociales, ambientales y económicos, porque hay una percepción muy amplia de que las compañías prosperan a costa del resto de la comunidad”. Esta pérdida de la confianza en ellas hace que los líderes políticos tomen medidas que socavan el crecimiento económico, por lo que quedan atrapadas en un círculo vicioso.
Para Porter, los programas llamados de “responsabilidad social empresarial”, en muchos casos aplicados para atender la presión social, son insuficientes porque colocan la decisión de ayuda en la periferia de la actividad de la compañía, no en el centro. Tenemos que lograr que las empresas reconecten su éxito de negocios con el progreso social, y para ello propone la tesis del valor compartido basado en que una compañía en el siglo XXI no puede pasar por alto el bienestar de sus clientes, la viabilidad de sus proveedores, o las penurias económicas de las comunidades donde producen o venden.
Bajo este enfoque, el esfuerzo de los promotores empresariales debe dirigirse a la creación de emprendimientos sociales, que compartan las utilidades con el aporte a la solución de un problema de la comunidad. Recicladoras que permitan resolver la disposición de desperdicios con la generación de energía en barriadas pobres; fabricantes de desalinizadores que conviertan el agua de mar en potable sobre todo en zonas desérticas empobrecidas; desarrolladores de cadenas productivas de apoyo que integren pequeñas empresas al proceso. Menos casinos y más empresas para atender a la tercera edad, o para producir alimentos sanos, o productos más amigables con el medio ambiente. Menos financieras que se aprovechen de la escasez económica para imponer tasas de usura, y más bancos dedicados al microcrédito. Las políticas públicas deben enfocar sus apoyos a empresas con valor compartido económico y social.
Un nuevo modelo económico puede estarse gestando con la promoción del valor compartido. En la visión antigua y estrecha de Milton Friedman las empresas contribuyen con la sociedad solo al generar utilidades, lo que permite crear empleos, pagar sueldos e impuestos, lo que suponía un beneficio social suficiente.
La sociedad de hoy exige mucho más. Aprender a crear valor compartido es nuestra mejor oportunidad para volver a legitimar a las empresas porque esta reconoce que las necesidades sociales, y no solo las económicas convencionales, son las que definen los mercados. Juan Planells.
