Por: Ramiro Guerra M.
A raíz de la serie de artículos de análisis del caso de Minera Cobre Panamá, me han escrito varias personas. Reconocen como acertada la decisión del gobierno nacional, de tomar acciones contra esa empresa. Sin embargo, me preguntan si, la emisión del Decreto de gabinete 144 del 15 de diciembre de 2022, es una confesión del gobierno actual y de la mora del anterior de incumplir deliberadamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la ley que aprobó el contrato con esta empresa.
En efecto, esta mora del gobierno de hacer valer el fallo citado, ha tenido un costo económico alto, dado que Minera Cobre Panamá, durante todo el tiempo contado a partir de que el mismo quedara debidamente ejecutoriado, la empresa ha estado operando fuera del mundo jurídico. Lo anterior nos lleva a sostener, que el Estado panameño, tiene derecho a reclamar que la empresa rezarse por explotación y comercialización ilegal del cobre, oro y otros minerales, que son del país. Instituciones como las procuradurías, la contraloría General de la República, el ministerio de economía y finanzas, tienen, en nombre del gobierno y del estado mucho que decir y hacer.
Reitero, First Quantum Minerals Ltd. (Minera cobre Panamá), adeudan al país, miles de millones, por usufructuar bienes que no eran de su propiedad en forma arbitraria e ilegal.
El gobierno tiene mucho que decir sobre lo señalado, en aras de la transparencia que debe mediar entre el buen gobierno y la confianza pública.
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